La propuesta, radicada por el senador Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), consiste en acabar los costos operativos de las transacciones pertenecientes a programas como Ingreso Solidario, compensación del IVA, Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.

Aunque el proyecto de ley cuenta con el visto bueno del Senado, y será debatido en la Cámara de Representantes, ahora se enfrenta con una férrea oposición de los poderosos implicados en la cuestión: los bancos.

Según Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, el proyecto de ley llevaría a que menos bancos se presten para hacer la distribución de dinero perteneciente a programas sociales gubernamentales. (Vea tambiénSe armó lío en Colombia por las tarjetas de crédito y débito: ¿saldrá afectado usted?).

“Las afectaciones de esta medida serían para la política pública. La dispersión de subsidios conlleva costos para quien la realice, y es normal que se reconozcan. Si las empresas que hoy llevan las ayudas a los colombianos más vulnerables no pueden cubrir los costos de esa actividad, van a ser muchos menos los jugadores que estén dispuestos a participar en la dispersión”, manifestó Gómez, en diálogo con La República.

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Anticipándose a la oposición de esas entidades, el senador que radicó el proyecto de ley propuso que los costos operativos no sean asumidos por los bancos (dejando el servicio gratis), sino que haya un punto de encuentro al dejar una tarifa fija menor a los 2.000 pesos.

“El valor estimado por cobros operativos en el 2020, por Ingreso Solidario, por Compensación de IVA y por Colombia Mayor, fue de 79.000 millones de pesos. Los bancos se quedaron con casi 80.000 millones de pesos cobrándole comisiones al Estado en plena pandemia”, explicó Gómez Amín, en Blu Radio, el pasado 2 de noviembre.

Bancos (y Gobierno Nacional) tampoco ven con buenos ojos la eliminación del 4×1.000

Luego de que Asobancaria emitiera un concepto poco favorable, el Gobierno aseguró que al erradicar el impuesto se abriría un hueco de 7,4 billones de pesos.

Los cálculos del Ministerio de Hacienda establecen que la eliminación gradual de ese impuesto, a partir del 2023, produciría un hueco en las finanzas públicas de 7,4 billones de pesos cada año, por lo que solicitó archivarlo.

“De la mano con la eliminación de este gravamen, también se presentaría un leve incremento en el recaudo del impuesto de renta, en la medida en la que los contribuyentes dejarían de tener deducciones correspondientes al 50 % del pago de ese tributo”, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en una carta citada por Semana.