Luego de la aprobación del proyecto de ley, planteado por la congresista Katherine Miranda, que busca eliminar el impuesto del 4×1.000, varios sectores bancarios se han pronunciado al respecto, entre ellos, el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia ( Asobancaria ), Hernando José Gómez.

El director de la entidad aseguró al Diario La República, en el marco de la edición 55 de la Convención Bancaria que se llevó a cabo en Cartagena, que la eliminación del tributo, sin un ingreso que lo reemplace, afectaría en gran medida a la macroeconomía, por lo que no es correcto desaparecer ese gravamen en un corto plazo.

(Vea también: Piden a Iván Duque que elimine el impuesto al 4×1000 para los salarios en Colombia)

Gómez precisó a ese mismo medio que, de ser aprobado el proyecto en su totalidad, la eliminación del impuesto se deberá hacer de la mano con el Gobierno Nacional, pues ese proceso afecta las finanzas públicas del país y necesita un aval del presidente, que podría ser el sucesor de Iván Duque.

De acuerdo con la ponente del proyecto Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde, la eliminación del tributo se haría gradualmente cada año, es decir, en el 2023 el impuesto bajaría a ser 3×1.000, luego en 2024 a 2×1.000, en 2025 a 1×1.000 y para 2026 se erradicaría totalmente.

(Le puede interesar: Cuánto dinero se puede tener y otros datos que no todos saben de Nequi)

En la misma línea con el presidente de Asobancaria, Miranda aseguró en su cuenta de Twitter que, para sopesar el impacto de la desaparición del gravamen, se deberá diseñar un nuevo impuesto, que será cobrado únicamente a las personas que cuenten con salarios mensuales superiores a los 25 millones de pesos.

¿Cómo funciona el impuesto del 4×1.000?

De acuerdo con Asobancaria, ese tributo, que comenzó como el 1×1.000, es decir, el cobro de un peso, por cada 1.000 pesos retirados en entidades bancarias, se creó en 1998 con el decreto 2331 como respuesta a la crisis financiera doméstica que se vivía en el país por esa época. La medida tenía una vigencia de tan solo un año, pese a ello, el terremoto vivido en el eje cafetero en 1999 alargó el cobro del impuesto un año más y modificó sus términos de recaudo.

En el año 2000 ese impuesto pasó a ser del 2×1.000 y pasados unos meses aumentó a 3×1.000. En 2003 se elevó a 4×1.000 y en 2006 la tarifa se fijó permanentemente. En 2010 se había propuesto un desmonte gradual, similar al reciente proyecto de ley. Pese a ello, no pudo ser eliminado pues la crisis en el agro colombiano, por esos años, obligó al Gobierno a reconsiderar la decisión.

Aunque muchos sectores critican al impuesto, por supuestamente favorecer a la banca privada, lo cierto es que el recaudo de este gravamen llega únicamente a la banca pública, las cooperativas financieras y los alivios para el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac), es decir, los bancos privados no reciben un peso. 

LO ÚLTIMO