Así lo advierte el jurista Rodrigo Uprimny en su columna de El Espectador, a propósito de la aprobación en tercer debate en el Congreso del llamado tratado de inversión con Francia, “que prevé estas cláusulas de arbitramento y de expropiación indirecta”, dice Uprimny.
Aunque el tratado de inversión se refiere a Francia, crea un precedente funesto para las pretensiones de otros países.
El mismo tratado, denuncia Uprimny, en el artículo 16, “extiende a los inversionistas cualquier regla que les sea favorable contenida en leyes o tratados, anteriores o posteriores”.
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Uprimny reconoce que el tema es técnico, pero en un ejemplo en la introducción de su columna ilustra la gravedad para el país, citando el caso de la empresa canadiense Tobie Mining, que demandó el año pasado a Colombia por la medio ‘bobabita’ de 16.000 millones de dólares (la quinta parte del presupuesto del país para el 2017) por “la supuesta ‘expropiación’ de un título minero que quedó sin efecto pues fue concedido en el parque nacional Yaigoje-Apaporis”.
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