El objetivo de los procesos de contratación era desarrollar distintas obras de infraestructura fluvial, como construcción, mantenimiento y rehabilitación de muelles en ríos, y la investigación comenzó por una denuncia del Instituto Nacional de Vías (Invias), detalló la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Según la SIC, las empresas DVG S.A.S. y Proeteco S.A.S. (controladas por Daniel Velasco) se presentaban en los procesos de selección aparentando independencia y competencia entre ellas, cuando, en realidad, sus propuestas estarían coordinadas, con el propósito de incrementar la probabilidad de que alguna de las dos ganara la adjudicación.

“Las empresas decidían de manera conjunta a qué procesos se presentarían, gestionaban los requisitos para presentar las propuestas, definían de manera conjunta el valor de las propuestas y, finalmente, ejecutaban mancomunadamente los contratos que les eran adjudicados”, reseñó la entidad.

El caso específico ocurrió en un proceso de selección para el mantenimiento del Rio Truandó, cuenca del Rio Atrato, en el municipio de Riosucio, Chocó.

La conducta ilegal también se habría extendido a 5 procesos de contratación adicionales.

La investigación no involucra la conducta de ningún funcionario público de las entidades del Gobierno, aclaró la autoridad.

Si son culpables, las empresas podrían tener una sanción de hasta 82.000 millones de pesos.

Avinco S.A.S, José Orlando Poveda y Eder Zabaleta también están implicados en la investigación por presunta participación en las irregularidades.