Por: Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social
Durante los últimos 4 años, la narrativa de que el sistema de salud estuvo sometido a una crisis fue reiterativa por parte de los opositores del Gobierno de la vida, quienes nunca reconocieron la enorme cantidad de fallas históricas heredadas acumuladas por 30 años y que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiso subsanar.
Todas las iniciativas legislativas, resoluciones y decretos que se propusieron para enfrentar esta situación fueron contrarrestadas con un bloqueo institucional sistemático de la oposición encarnada en el Congreso y algunas entidades judiciales, que impidió avanzar en las transformaciones en salud que el país necesita con urgencia.
Se presentaron dos reformas al Congreso. Dos oportunidades para discutir de frente lo que millones de colombianos viven a diario. Y ambas fueron hundidas. No porque el país haya decidido que el sistema actual funciona bien, sino porque algunos sectores prefieren que nada cambie. Porque cuando nada cambia, todo sigue funcionando para los mismos de siempre.
En simultánea, se intentó avanzar por otras vías. Reglamentar lo que ya está en la ley. Apostarle a la prevención, a llegar antes de que la enfermedad sea tragedia. Y también cerraron ese camino. El Decreto 858, que buscaba fortalecer un modelo de atención preventiva, predictiva y resolutiva —en línea con la Ley Estatutaria de Salud— fue suspendido provisionalmente. Así que, decisiones judiciales frenaron medidas que buscaban acercar la salud a la gente, especialmente a quienes hoy están más lejos del sistema.
A esto se suma la suspensión del Decreto 182, que proponía una territorialización funcional del sistema. El MinSalud propuso algo elemental, que las entidades que administran la salud tengan presencia real en los territorios, que no existan solo en el papel mientras la gente hace filas eternas o recorre kilómetros para una cita. Tampoco fue posible. Otra vez, el bloqueo.
El bloqueo más delicado, quizá, fue cuando interventores que llegaron a entidades en crisis para ordenar sus finanzas y detectar irregularidades fueron suspendidos en medio de procesos que generan serias dudas. Cuando quienes intentaron esclarecer posibles actos de corrupción fueron apartados de sus funciones, el mensaje fue preocupante.
También se quiso tocar uno de los puntos más sensibles: el costo de los medicamentos. Se propuso comprar mejor, pagar precios justos, eliminar intermediaciones innecesarias. Pero ahí también aparecieron resistencias.
Porque hay intereses que se benefician y se sienten cómodos con el sistema actual, incluso si eso significa que la salud sea más costosa y menos accesible.
Persistir en el bloqueo hacia las apuestas para transformar el sistema de salud por parte del actual Gobierno, nunca fue una postura neutral. Fue, en la práctica, una decisión que perpetuó las fallas del sistema que no se pudieron arreglar.
El país necesita una conversación honesta y más cuando hoy se volvió a presentar en el Congreso el proyecto de Ley de reforma a la salud. No sobre quién gana o pierde con el cambio de la salud, sino sobre cómo se garantiza que cada colombiano reciba atención oportuna, digna y de calidad.
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