Ospina reveló, en un evento que reunió en Cartagena a cientos de autoridades de tránsito y transporte del país, que está adelantando varias investigaciones contra lo que llamó “transporte ilegal e informal”.
En ese proceso, dijo, muchas personas preguntan por el funcionamiento de las plataformas de transporte y reconoce que hoy “no es posible emitir una orden para que cesen la actividad en Colombia”.
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Sin embargo, sus indagaciones han dado otros frutos. La superintendente de Transporte contó que las empresas detrás de esas aplicaciones siempre le argumentan que “no son prestadores de ese servicio” y que su respuesta para ellos es que “si bien no son empresas del servicio, sí están facilitando la violación de las normas de tránsito y transporte cuando comunican al que necesita un servicio con alguien que lo ofrece y que no está autorizado“. Basado en eso, la entidad ha emitido varios fallos contra las compañías.
¿Por qué investigan a ‘apps’ de transporte en Colombia?
Ayda Lucy Ospina dice que todo parte desde que estas empresas empezaron a cambiar el contrato para que los ciudadanos solicitaran un viaje en un vehículo:
“Hoy usted se mete a una plataforma y en teoría no le están prestando un servicio de transporte, según ellos, sino que le están arrendando un vehículo. Y están utilizando la figura del arrendamiento del vehículo como la estrategia para evadir la responsabilidad”.
Eso viene pasando hace varios años y los ciudadanos aceptan esos términos y condiciones cuando acceden a la aplicación y piden un servicio. La entidad ha puesto el ojo sobre eso y dice que ya ha emitido algunas decisiones contra esa modalidad: “Ya emitimos unos fallos en los que decimos que aunque le cambien el nombre sigue siendo una prestación de un servicio y mantenemos la posición de multa y de sanción“.
Esa es una primera línea de investigación que muchos colombianos no conocen y que puede llevar a sanciones de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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La segunda arista que puede traer mayores problemas a estas empresas es por medio de la función que tiene la Superintendencia de Transporte para proteger al usuario; a través de ella, Ospina dice que mantiene su resistencia contra los alegatos de las ‘apps’:
“Hemos inciado ya una serie de investigaciones hacia las plataformas. Les estamos imputando que están engañando al usuario con la información que suministran en sus plataformas, están induciendo al usuario a un error. Dan una información que no es del todo cierta y lo llevan a un contrato de arrendamiento cuando el usuario está convencido que está tomando un servicio de transprote debidamente autorizado. Ahí hay un engaño”.
En esta entrevista con Pulzo, la superintendente Ospina habló de este y más temas de transporte y tránsito.
Transporte ilegal e informal
La superintendente Ospina también habló de los avances en los que está trabajando la entidad y uno de ellos es el Sistema de Colaboración Tecnológico con Enfoque Multipropósito, con el que buscará detectar y multar a los que utilizan vehículos particulares para todo tipo de transporte informal o ilegal.
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La funcionaria dijo que este sistema consiste en “aprovechar toda la tecnología que hoy ya existe y está implementada para utilizar esa información con un mayor enfoque en los corredores viales”. Y detalló:
“Las concesiones viales tienen tecnología implementada y no solo para hacer fotodetección. Esa tecnología sirve para hacer conteo de vehículos, mejorar temas de seguridad, radares de velocidad, cámaras que detectan placas, información de los vehículos que pasan por las estaciones de pesaje y de peaje. Toda esa informacion, que son millones de datos, hoy no los utilizamos. El objetivo del Mintransporte y la Supertransporte es implementar un modelo donde toda esa tecnología tenga un multipropósito, y uno de esos logros es mejorar la capacidad de control de las autoridades de tránsito“.
En ese sentido, explicó un plan piloto que implementaron utilizando los datos de las 27.548 infracciones que se cometieron del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 en la vía Bogotá-Villaviencio. Incluso, bromeó con lo que pueden sacar las autoridades de allí: “Le digo al secretario de Movilidad de Cundinamarca, mire la platica que está perdiendo. Si no lo quieren mirar como seguridad vial, mírenlo por los recursos”.
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Sobre los datos, Ospina dijo que esa cantidad de infracciones las cometieron 2.800 vehículos y al mirar el detalle se da cuenta que el país “necesita cambios estructurales”:
- 1.395 vehículos particulares.
- 1.163 vehículos públicos afiliados a 163 empresas (carga, transporte intermunicipal, mixtos, servicio especial y taxis).
- 52 vehículos oficiales.
Procesos contra particulares de transporte informal e ilegal
La funcionaria explicó que gracias a ese sistema la entidad tiene “la foto, el día y la hora en la que pasó cada vehículo” por algún punto de ese corredor vial que comunica a la capital con los llanos y eso los ha llevado a estructurar una serie de pistas que puedan usar como pruebas en procesos sancionatorios:
“Hemos identificado vehículos que fueron a Villavicencio y volvieron 3 veces al día. Hago la pregunta: ¿será que eso no es un indicio de que ese vehiculo está haciendo transporte ilegal?, ¿será que no debemos trabajar en función de estrucutrar estas pruebas para poder imputarle al dueño de un vehículo particular la presunta falta de un transporte ilegal?”.
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Incluso les sugirió a los secretarios de Tránsito y Transporte del país cómo deberían comenzar a recopilar esos indicios para estructurar un procesos sancionatorio:
“El sistema alerta la placa, la policía para el vehículo y no se pone a pelear preguntándole al pasajero qué relación tiene con el conductor para que diga mentiras, que son primos. Simplemente, toma la placa de los que van en el carro de ida, al regreso vuelve y los para y toma la cédula de los que vienen de regreso. Al siguiente día, igual, y usted ya puede tener pruebas. Hay que construir desde lo jurídico los indicios que nos van a servir”.
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Ospina también indicó que el Ministerio de Transporte está trabajando para poder recibir de todos los usuarios de las vías del país fotos y videos para “tener evidencia de los incumplimientos de otras personas en las normas de tránsito y transporte”. De esta forma, pueden avanzar hacia “generar la orden de comparendo para continuar el proceso”; aunque, aclaró, todo esto son ideas que, desde su gestión, están en construcción y hacen parte del desarrollo del Plan Estratégico contra la Ilegalidad y la Informalidad.
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Todo ello, explicó al final, servirá para construir bases de datos estructuradas, porque, por ejemplo, tampoco hay una que reúna la actualidad de los vehículos inmovilizados en Colombia.
Esto lo destacó, porque, en otra evaluación que hizo la Superintendencia de Transporte detectó que de 19 millones de vehículos que están matriculados en Colombia el 48 % están evadiendo la revisión tecnicomecánica; es decir, 9.249.000 carros, de los cuales 66.500 están adscritos a entidades públicas. Otro dato que soltó fue que 5.057.188 vehículos llevan más de 6 años sin SOAT (78 % son motos).
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