El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Siete de los dieciséis actuales ocupantes de las curules de paz —escaños establecidos para las víctimas del conflicto armado en Colombia— han oficializado su intención de buscar la reelección en las elecciones legislativas previstas para 2026. Así lo refleja la lista definitiva de candidatos revelada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, institución encargada de la organización electoral. Según el documento, se inscribieron 122 listas conformadas por un total de 246 candidatos que competirán por los escaños de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) el 8 de marzo del próximo año. Estos escaños, instaurados a partir del Acuerdo de Paz de 2016, buscan garantizar la representación parlamentaria de comunidades históricamente víctimas de la violencia en Colombia.
Las curules de paz, todas en la Cámara de Representantes, fueron creadas para otorgar voz política a líderes provenientes de poblaciones rurales, étnicas y campesinas, especialmente de las zonas más impactadas por el conflicto armado. El propio Acuerdo de Paz firmado en La Habana estableció el carácter temporal de estas curules: solo podrán ser ocupadas durante dos legislaturas. Al periodo actual de 2022-2026, le seguirá el de 2026-2030, el cual será el último para este mecanismo de representación.
Entre quienes aspiran a renovar su mandato figuran Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Sierra Nevada y Serranía del Perijá), John Jairo González Agudelo (Bajo Cauca), James Hermenegildo Mosquera (Chocó), Luis Ramiro Ricardo Buelvas (Montes de María), Orlando Castillo Advíncula (Pacífico Medio), Karen Juliana López Salazar (Urabá antioqueño) y Karen Astrid Manrique Olarte (Arauca). Llama particularmente la atención la candidatura de Karen Astrid Manrique Olarte, dado que actualmente enfrenta señalamientos por su vinculación en un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de acuerdo a investigaciones citadas por El Espectador.
Por su parte, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, quien actualmente representa a la circunscripción de Sierra Nevada y Serranía del Perijá, mantiene notoriedad en la opinión pública, tanto por su desempeño parlamentario como por su historia personal, pues es hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, excomandante paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos armados ilegales más prominentes durante el largo conflicto.
Las reglas para aspirar a estos escaños permanecen estrictas. Solo pueden presentar candidaturas organizaciones de víctimas, mujeres, campesinos, comunidades étnicas o grupos significativos de ciudadanos. Los aspirantes deben, además, certificar su condición como víctimas, haber nacido, residido o vivido el desplazamiento en los territorios de la circunscripción correspondiente y no haber tenido vínculos recientes con partidos políticos tradicionales. Además, cada lista debe estar compuesta de dos personas —un hombre y una mujer—, quienes deben competir de manera independiente, sin alianzas electorales con partidos políticos existentes.
No obstante, la experiencia de las curules de paz en 2022 evidenció obstáculos significativos. Existieron dificultades para consolidar candidaturas legítimas, amenazas de actores políticos tradicionales y episodios de violencia que acallaron liderazgos comunitarios. El proceso de financiación se ha revelado como otra de las grandes barreras, pues sin anticipos y con exigencias de pólizas, muchas organizaciones pequeñas han quedado por fuera, contradiciendo el espíritu inicial de inclusión del mecanismo.
De cara a 2026, las organizaciones y comunidades buscan superar los retos previos, amparadas en ajustes normativos que procuran mayor equidad y transparencia. La consolidación de estas candidaturas y el contexto especial que rodea a algunos aspirantes ratifican tanto los avances como los desafíos pendientes en la inclusión política de las víctimas. Según la registraduría y reportes de El Espectador, esta elección será también la última oportunidad para que estas comunidades hagan sentir su voz desde la institucionalidad del Congreso.
¿Qué es la UNGRD y por qué está en el centro de investigaciones recientes?
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de coordinar las acciones de prevención, atención y recuperación frente a emergencias y desastres en Colombia. Recientemente, ha estado en el centro de escándalos por presuntas irregularidades y corrupción, involucrando a funcionarios y congresistas, como revela una investigación de El Espectador. Esto resalta la necesidad de vigilancia y transparencia en instituciones clave para la protección de la población, especialmente en contextos de posconflicto donde la confianza ciudadana es fundamental.
El interés en el funcionamiento y la integridad de la UNGRD cobra mayor relevancia en un país donde los recursos para la atención de emergencias son vitales para zonas vulnerables, muchas de las cuales están representadas precisamente por las curules de paz. Las investigaciones en curso invitan a una reflexión profunda sobre el papel de los organismos estatales y la rendición de cuentas dentro del proceso democrático y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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