Suministro de información económica, política, financiera y bursátil
En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que propone modificar los mecanismos de identificación en la telefonía móvil con el propósito de contrarrestar el incremento de los casos de extorsión en el país. La iniciativa, impulsada por el senador Ariel Ávila, plantea la necesidad de establecer controles más estrictos en la venta y activación de líneas celulares, debido a que la ausencia de verificación rigurosa ha facilitado que criminales utilicen estos servicios para operar desde centros penitenciarios.
(Lea también: WOM dejó en duda su continuidad en Colombia, luego de aprobación de fusión entre Movistar yTigo)
El proyecto, denominado “Ley SIM Card”, propone que toda tarjeta SIM —en formato físico o digital— quede asociada a un usuario cuya identidad pueda ser verificada plenamente. La propuesta parte del diagnóstico de que las tarjetas prepago se han convertido en un instrumento frecuente para la comisión de extorsiones, pues su adquisición sin registro previo brinda anonimato a quienes las utilizan con fines delictivos.
Una de las disposiciones centrales del proyecto establece la obligatoriedad del registro mediante documento de identificación válido o verificación biométrica al momento de obtener una SIM Card. Según el senador Ávila, este requisito permitiría poner fin al uso anónimo de tarjetas prepago, condición que actualmente es aprovechada por personas privadas de la libertad y por redes criminales que operan desde las cárceles para contactar a sus víctimas sin dejar pistas que permitan su rastreo.
En entrevista con el diario La Crónica del Quindío, Ávila explicó que la iniciativa surge de la preocupación por la falta de trazabilidad de las líneas prepago. La facilidad con que estas pueden ser adquiridas, utilizadas temporalmente y posteriormente descartadas ha dificultado la labor de las autoridades. Esta dinámica ha permitido que los delincuentes realicen llamadas intimidatorias o engañosas sin dejar elementos que faciliten la identificación de los responsables.
¿Cómo deberían actuar empresas de telefonía móvil si se aprueba el proyecto?
Aunque la Fiscalía reportó más de 35.000 denuncias por extorsión en 2023, los organismos de seguridad consideran que el subregistro es considerable, debido al temor de las víctimas de denunciar y a la dificultad para individualizar a los autores. Este contexto fortalece la necesidad de contar con herramientas que permitan asociar cada número telefónico a un usuario plenamente identificado.
En caso de ser aprobada, la normativa obligará a las empresas de telefonía móvil a implementar procedimientos que garanticen la correcta identificación de los usuarios antes de activar cualquier línea. Esto implicará exigir la presentación de un documento oficial y realizar la validación biométrica correspondiente, tanto en puntos de venta físicos como en plataformas digitales. La obligación aplicaría no solo para la apertura de nuevas líneas, sino también para la activación de tecnologías que reemplacen a las tarjetas SIM tradicionales.
El senador Ávila ha insistido en que la medida busca que cada ciudadano sea responsable del número telefónico que utiliza, superando el modelo actual que permite la circulación de tarjetas prepago sin registro ni mecanismos para acreditar su propiedad.
Según el legislador, contar con procesos de identificación más robustos contribuirá a reducir el margen de acción de los grupos criminales y fortalecerá las capacidades del Estado para rastrear actividades ilícitas asociadas a líneas móviles.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
