Una investigación periodística de Folha de S. Paulo señaló que un alto porcentaje de toda esta difusión de propaganda en WhatsApp salió de las arcas de varias empresas privadas que habrían sufragado con contratos de hasta 12 millones de reales (más de 2,8 millones de euros), para distribuir continuamente en los grupos de esa aplicación millones de mensajes a favor de Jair Bolsonaro y atacar fuertemente al PT (Partido de los Trabajadores) a pocos días de que llegaran los comicios.
Según la encuesta del Instituto DataFolha, el 46 % de las personas habilitadas para votar utilizaban la plataforma para leer noticias políticas o que tuvieran que ver sobre las elecciones presidenciales. Por ello, algunas grandes compañías de Brasil, como la cadena de tiendas de electrodomésticos Havan, les pagaban a las agencias de marketing digital como Croc Services, SMS Market, Quickmobile y Yacows para que enviaran una lista incontable de mensajes usando diferentes números telefónicos haciendo propaganda a Bolsonaro.
De acuerdo con un informe de The New York Times, Brasil es uno de los 17 países donde Facebook tiene verificadores externos de datos que ayudan a eliminar la desinformación que se publica en la sección de noticias de esa red social, motivo por el cual las campañas sucias se trasladaron a otros medios como WhatsApp, donde se pueden tener conversaciones privadas y grupos de chat cifrados hasta con 256 personas, lo que dificulta tener un control de todo lo que circula a diario.
Ante todas estas acusaciones, la ‘app’ de mensajería emitió un comunicado desde el blog principal de Facebook informando que algunos políticos declararon la semana pasada que pelearían para aumentar el límite de WhatsApp en los mensajes reenviados de 20 a 200 personas, otros pidieron a WhatsApp que hiciera exactamente lo contrario: reducir el límite aún más.
Para combatir esto, WhatsApp dijo que está eliminando cientos de miles de cuentas de spam en un su plataforma, etiquetando los mensajes que se reenvían, dando más control sobre los grupos que se crean como decidir quién puede publicar mensajes y quien no, trabajando con organizaciones de verificación de hechos en Brasil, haciendo campañas de conciencia y trabajando con la policía local, para así comprobar todo lo que Folha reveló en su informe.
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