La iniciativa contempla una pena de entre 5 y 8 años en prisión por publicar videos de sus exparejas sin autorización de la persona que resulta siendo afectada.

“Estamos viviendo un fenómeno preocupante debido a la pérdida de la privacidad y una desinhibición total de las personas que usan las redes sociales, principalmente los jóvenes, que revelan aspectos íntimos de sus vidas sin ningún tipo de reservas, lo que aumenta exponencialmente los riesgos para que diversos delitos sexuales tengan cabida a través de Internet”, señaló el senador Richard Aguilar, promotor de la iniciativa, citado por Blu Radio.

La propuesta del congresista plantea un cambio al Código Penal para que estas conductas sean castigadas también con hasta 15 salarios mínimos y privación de la libertad.

El Espectador, por su parte, cita una cifra de Aguilar que asegura que el 95 % de los casos de este tipo son contra las mujeres. En ese sentido, afirma, si ellas son las afectadas, las sanciones aumentarían tres cuartas partes.

“Se estima que la cifra (de casos de divulgación sin permiso) es mucho mayor y que la falta de una norma clara que castigue a quien ejecuta la acción conlleva a que las víctimas no denuncien por temor al escarmiento público y a que el hecho quede impune”, señaló el senador de Cambio Radical.

Este último medio asegura que desde ya se estima que el proyecto generará polémica, entre otras cosas, porque se debe determinar qué conductas divulgadas serán penalizadas puntualmente.