No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos de esto. Apenas esta semana se sintió un malestar en Colombia contra Instagram por borrar o limitar el alcance de gran parte de las publicaciones que sus usuarios hicieron con referencia al paro nacional.

Pese a que la empresa afirmó que se trataba de un problema generalizado y no estaba relacionado con una temática o un país en particular, no logró bajar la sensación de haber aplicado una preocupante censura.

Ante situaciones similares, Facebook se fue más de frente contra los cuestionamientos y aseguró que buscaba mantener un “ambiente seguro” en sus plataformas y por eso no permitía las publicaciones de imágenes violentas.

“En el marco de las manifestaciones en Colombia estamos trabajando para habilitar publicaciones que sean de interés público, advirtiendo a los usuarios que puede tratarse de imágenes sensibles”, fue la respuesta oficial de la compañía, dueña también de Instagram y WhatsApp.

Y es justamente este tipo de argumentos los que reviven cuestionamientos pasados sobre la regulación en la creación de publicaciones de sus usuarios —que son quienes les dan vida a esas redes, pues estas plataformas no ofrecen contenido propio y no les cabe responsabilidad sobre el material divulgado—.

Adicionalmente, en la última semana también se confirmó que durante varias horas gran parte de la ciudad de Cali tuvo interrupciones en Internet. Esto fue atribuido por usuarios a un bloqueo intencional de los servicio de red, ante lo cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) reconocieron una falla de la conectividad pero sin detallar a cuántas personas afectó y por cuánto tiempo.

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Por estas situaciones, Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una organización que promueve los derechos humanos en el mundo digital, les pidió explicaciones a los operadores de Internet en Colombia para que entreguen datos sobre las fallas y qué están haciendo para repararlas, y a los portavoces de las redes sociales que:

“Informen públicamente las razones de los bloqueos de contenidos, cancelación de cuentas y disminución de alcance de las entradas. A  Instagram y a Facebook en particular les pedimos que hablen sobre las fallas en sus servicios”.

Este fue su llamado a través de su cuenta de Twitter:

En Colombia, el artículo 20 de la Constitución Política garantiza el derecho a la libertad de expresión, la difusión de pensamientos y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y de fundar medios masivos de comunicación. Sin embargo, eso no evita que diferentes sectores sociales sigan enviando denuncias sobre la vulneración de ese derecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Censura o responsabilidad social?

En enero pasado, por ejemplo, el portal El economista, de España, difundió un artículo titulado ‘Las redes sociales justifican la censura invocando a los Derechos Humanos’ en el que aseguró que “el poder de los gigantes tecnológicos amenaza la libertad en Internet”; esto, a propósito del cierre de la cuenta de Donald Trump, acusado de incitar el asalto al Capitolio de Estados Unidos, en el que murieron 4 civiles y un policía.

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En dicho análisis, el medio señala que estas plataformas apelan a la Carta de los Derechos Humanos para respaldar sus políticas, que terminan limitando la libertad de expresión, y destaca que lo hacen “sin el respaldo de ningún organismo independiente o de la justicia que […] determine si una persona ha cometido un delito de odio o ha vulnerado el honor de un colectivo con un mensaje o simplemente estaba haciendo uso de su derecho a expresarse libremente, que también recoge Naciones Unidas”.

Algo similar le pasó también al expresidente Álvaro Uribe en la última semana con Twitter.

Y pese a no tener ese respaldo de la justicia, las empresas detrás de las redes sociales se dan la licencia para delimitar los temas que se pueden debatir y establecer en qué tono se pueden comunicar las personas a través de sus plataformas, teniendo en cuenta también que cuando una persona se vuelve usuaria acepta las reglas de uso para hacer parte de esa comunidad.

Pero como el caso de Trump hay varios. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó las redes sociales en campaña y hasta las bendijo, pero ahora que han servido para criticar su gobierno las califica como una “santa inquisición” contra la libre expresión, y por eso es que El País, de España, considera que “se han convertido en un problema para las democracias del mundo”.

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¿Se deben enfrentar a las redes sociales?

Juan Caño, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), hizo un claro llamado en ese diario español:

“Una autoridad independiente debería regularlas para lograr el delicado equilibrio de evitar que se restrinjan libertades de los individuos y se difundan noticias falsas”.

A esa opinión se sumó la Universidad ESAN (Escuela de Administración de Negocios) de Perú, que, en un artículo de opinión, planteó que “resulta arbitrario que sean las propias compañías quienes puedan eliminar contenidos solo porque no compartan la misma ideología política, escudándose en su condición de empresa privada”, y llamó a establecer criterios objetivos para hacerlo.

Adicionalmente, en esa publicación se referencia la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos, que “estableció que empresas como Facebook, Twitter y Google son plataformas y no editores de contenidos, por lo que se les eximía de responsabilidad sobre las publicaciones de usuarios y el contenido publicado en sus redes sociales”.

En ese sentido, dice el autor, “se podría entender que controlar los contenidos y eliminarlos conforme a sus propias reglas los calificaría como editores de contenidos y, por lo tanto, fuera de la protección de la sección 230”.

Efectivamente, debe existir una regulación particular para redes sociales, pues no se les puede legislar igual que a medios de comunicación. No obstante, en Colombia lo que sí se ha establecido son normas para los usuarios, quienes deben hacerse responsables por sus contenidos como si fuesen medios, especialmente en los casos en los que otras personas salgan afectadas por sus publicaciones, tal como lo hizo la Corte Constitucional en las sentencias T-117 de 2018 y SU420 de 2019.

Ante la existencia ya de algún tipo de normativa para Internet, la abogada guatemalteca Renata Ávila, especialista en tecnología y derechos humanos e integrante del equipo legal que defiende a Julian Assange y Wikileaks, le cargó también la responsabilidad a la inoperancia de los políticos sobre este tema, en El País:

“Esta situación nace de un problema común a todos: la negligencia y la comodidad con la que Gobiernos de cualquier orientación ideológica dejaron en manos privadas ‘la infraestructura digital crítica con la que se comunican con sus ciudadanos’”.

Todo ello mantiene la discusión sobre si el Estado debe intervenir para garantizar todos los derechos de sus ciudadanos, encontrar un equilibrio y contemplar todos los escenarios, pues ¿qué pasa cuando las que favorecen el extremismo y los discursos de odio son las mismas plataformas a través de sus algoritmos?, como ya sucedió en las elecciones de Estados Unidos de 2016 y otros escenarios de la política internacional.

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Incluso, justo después del episodio de Álvaro Uribe, algunos políticos llamaron la atención sobre esto. Por ejemplo, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe, escribió en su Twitter:

“Plataformas: ¿Son juez y parte? ¿Qué tipo de contenido pueden censurar?¿Cómo garantizar libertad de expresión?”.

Entonces, ¿se trata de que los ciudadanos sean moderados o realmente están expuestos a la censura? ¿Debería llevarse la discusión al Congreso o a la Corte Constitucional para que los ciudadanos no queden derechos expuestos al libre albedrío de los gigantes tecnológicos? ¿Debe existir una regulación global o una en cada país? ¿Cómo garantizar que no se favorezcan los gobernantes de turno o los de ideologías políticas similares a los CEO de estas compañías?

Son muchos debates que no se han dado para responder a tantas preguntas.

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