Y entre los mayores logros de esta nueva Carta Magna, estaba un pequeño y breve artículo, que abría la posibilidad de justicia para todos: la tutela. Una figura jurídica que permite, de manera ágil y expedita, que cualquier colombiano del común acceda a sus derechos fundamentales. Es decir que, con la simple presentación de una solicitud ante un juez, se podía conseguir que éste obligara al Estado a brindar derechos específicos al solicitante, en salud, educación, justicia o cualquier otro que significara el cumplimiento de las obligaciones del llamado Estado de Derecho.
La tutela, una norma que funciona de una manera como muy especial, ya que en caso de ser negada, pasa a la Corte Constitucional, órgano que analiza las solicitudes y las puede convertir en jurisprudencia, es decir en marco jurídico para solicitudes futuras. Así, la Constitución colombiana se convirtió en un sistema “vivo y progresista”, que permite añadir nuevas normas a las establecidas en el marco inicial que se firmó en el año 1991.
Así esta nueva Constitución; además de ser considerada una de las más largas del mundo; cambió el concepto de democracia representativa por el de democracia participativa. Y esta simple palabra, que hace parte del artículo primero donde se habla de los principios fundamentales, le da un novedoso carácter a nuestra Carta Magna.
Resulta inolvidable, el recuerdo de Álvaro Gómez, quien representaba lo más profundo del conservatismo, mientras a su lado el recién desmovilizado Antonio Navarro Wolff, sobreviviente de uno de los más simbólicos grupos guerrilleros, el M-19; y Horacio Serpa Uribe, con sus gruesos bigotes y su voz de gamonal, como expresión del partido liberal, firmaban una Constitución impulsada por el gobierno de un presidente, César Gaviria, quien llegó como heredero de una de las páginas más trágicas de los últimos tiempos, el asesinato de un líder especialmente carismático: Luis Carlos Galán Sarmiento.
Entonces no se comprende cómo se escucha el rumor de que el actual gobierno, el de Iván Duque Márquez, esté pensando desmontar la tutela; además de unir las cortes, el poder judicial, para suprimir la Corte Constitucional, que como garante de la tutela; se ha convertido en la rama jurisdiccional que con mayor ahínco y agilidad protege a los más desfavorecidos y a esas minorías, que no tienen como hacer respetar, de manera ágil y expedita, un sistema judicial que resulta paquidérmico y en gran medida ineficaz.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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