Nuestra propia pandemia

Lo cierto es que por décadas hemos vivido con otro virus letal que, en el caso colombiano, podríamos declarar como nuestra propia pandemia.

Veamos los casos, todos dentro del ‘derecho a la presunción de inocencia’.

En Arauca, según la Contraloría, la Gobernación pagó latas de atún a 20 mil pesos, y paquetes de sal, pastas y panelas con sobrecostos hasta del 200%. Pero no solo eso. Según las investigaciones de las otras “ías” (Procuraduría y Fiscalía), el Gobernador y 5 funcionarios más firmaron un contrato por $570 millones para hacer actividades artísticas y eventos masivos, en pleno aislamiento obligatorio.

En Putumayo se investiga un contrato de $3.500 millones con el que se compraron ambulancias con un presunto sobrecosto del 40%. En Casanare, camillas que valen $5 millones fueron adquiridas pagando un 60% más de su precio comercial. En San Andrés, equipos biomédicos con sobrecostos del 40%.

En el Valle del Cauca, presuntos sobrecostos hasta del 31% en la compra de kits para adultos mayores. Es el Cesar, se están revisando 40 contratos por $14.000 millones, entregados a fundaciones que no se sabe a qué se dedican, pero que ahora producen lo que sea necesario con tal de tener un contrato.

Por su parte el Gobernador del Chocó, Ariel Palacios, alcanzó a estar solo 115 días en su cargo, pues la Procuraduría lo suspendió durante 3 meses por firmar un contrato de $2.000 millones para ciclos educativos y campañas de difusión, cuando las necesidades urgentes y prioritarias para atender la contingencia por el COVID-19 eran pagar los salarios, y adquirir la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico.

Como Palacios, por lo menos 15 gobernadores están siendo investigados. Pero el tema no es solo en las gobernaciones. Algunas alcaldías definitivamente “no han perdido el tiempo” durante la cuarentena.

En Guaduas (Cundinamarca), Coveñas y Sincelejo (Sucre), y Malambo (Atlántico) habría sobrecostos hasta del 300% en la compra de alimentos como arroz, aceite, panela y lentejas.

En Chía (Cundinamarca), cajas de guantes de protección médica que valen $38.900, fueron pagadas $70.000. En Marinilla (Antioquia), cajas de tapabocas por 50 unidades que valen $55.000, se pagaron a $120.000. En Garzón (Huila) pagaron $35.000 por cada tapabocas N95. Las cifras parecen no ser significativas, pero hay que pensar que todos estos elementos son comprados a gran escala.

Lo cierto es que salen, y salen noticias como estas, pero no van más allá de un par de titulares de prensa. Detrás de todos esos contratos hay políticos, contratistas, y maquinarias regionales que todo el mundo conoce bien, pero nadie es capaz de enfrentar. Ni siquiera las poderosas “ías”.

¡La corrupción, nuestra propia pandemia!

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.