El exprocurador ahora embajador en la OEA manifestó que “La dictadura de Nicolás Maduro (…) hace parte de una agenda global para irradiar en la región el socialismo del siglo XXI -y que- la migración y las alianzas transcontinentales son parte de la estrategia para concretar ese propósito, el cual lo vienen desarrollando calculadamente”.
Tras esta declaración en la que se atribuye que “los migrantes irradian el socialismo” y que “la migración es una estrategia política”, el canciller Carlos Holmes Trujillo salió a corregir a Ordóñez y afirmó que “el fenómeno migratorio obedece a la tiranía de Nicolás Maduro, a la dictadura, al deterioro de las condiciones económicas políticas y sociales que ha generado el flujo migratorio (…) más de un millón de migrantes venezolanos”.
Finalmente el presidente Duque declaró que los migrantes “son víctimas de la dictadura de Maduro y no promotores de la ideología de la dictadura (…) vienen en busca de refugio y eso tiene retos, y los sentimos en el mercado laboral (…), pero no podemos dejar de ser fraternos”.
Si bien corresponde a los funcionarios representar las posturas del gobierno y los intereses del estado colombiano tanto en las oficinas nacionales como en los organismos multilaterales, el exprocurador que afirma seguir los preceptos cristianos, hoy parece renegar de ellos por un interés político.
Si desde el Ministerio Público Ordóñez tomó decisiones polémicas contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia contrariando la voluntad de las leyes construidas por el hombre y supuestamente honrando aquellas de inspiración divina, resulta cuestionable que ahora desconozca los postulados que desde el Vaticano los Papas han definido sobre los migrantes, lo que desdice de quien se ha promovido como un católico disciplinado.
Porque hay principios religiosos que por su implicación para la convivencia entre las naciones se han incorporado históricamente a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y por eso están vigentes y son respetados.
Pío XII afirmó que “Todos los hombres tienen derecho (…) a emigrar y ser acogidos en cualquiera otra nación que tenga espacios libres”.
Juan XXIII, que “(…) es un deber de las autoridades públicas admitir a los extranjeros que llegan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de su comunidad, favorecer los propósitos de quienes pretenden incorporarse a ella como nuevos miembros”.
Pablo VI en 1969 estableció que emigrar es un derecho así como convivir con la propia familia y que las migraciones permiten a las iglesias superar todo particularismo de raza y nacionalidad.
También Juan Pablo II a través del Pontificio Consejo para la Pastoral de Emigrantes e Itinerantes y el documento “Erga Migrantes Caritas Christi” llamó la atención sobre el deber de acoger al forastero.
Y el Papa Francisco ha expresado que “la actitud fundamental que se debe tener frente a los migrantes es el corazón abierto, porque incluso es la actitud cristiana (…)”.
Si la religión cristiana es uno de los pegamentos para la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos, resulta apenas consecuente que en el ADN regional exista una solidaridad con los migrantes venezolanos.
Y no ese llamado a la xenofobia con que el exprocurador ahora de embajador en el exilio político, pretende eso sí -calculadamente- mantenerse vigente; contrariando tanto las posiciones oficiales del gobierno colombiano como los preceptos morales de solidaridad y caridad cristianas que orientan la conducta de miles de ciudadanos que ahora él de manera desconcertante desconoce.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
