Comité Nacional del Paro, políticos, colectivos estudiantiles, cabildos indígenas, organizaciones sociales, fuerzas armadas, entes gubernamentales, medios de comunicación, líderes de opinión, todos sin excepción, tendrán que asumir el señalamiento que les corresponde por las consecuencias que trae consigo una manifestación ciudadana desbordada. Bloqueos y violencia, que se han perpetrado con interés político desde el 28 de abril, acompañan la incongruencia de una marcha que demuestra ser pacífica en el día, pero saca a flote lo peor de la condición humana en las noches; barbarismo cavernícola que hastía al grueso del colectivo colombiano que ve cómo se desmorona el estamento democrático del país. Devastador coletazo económico de la pandemia, sumado al millonario costo del paro, difícilmente permitirá en el corto plazo recomponer el camino y recuperar las 40.000 empresas cerradas, con los algo más de 300.000 empleos perdidos, por la debacle que arrastra la industria nacional. 

Inconformismo social, que lleva varios días en las calles, dejó en el ambiente que las vías de hecho son las únicas válidas para captar la atención, de la comunidad nacional e internacional, y propiciar la firma de pactos de tregua en el marco del conflicto. Lo que en su momento conquistaron el M–19 y el imperfecto acuerdo de las FARC, o el camino que emprenden la negociación que se explora con el ELN y las mesas de dialogo con los líderes de la protesta, tienen un factor común: la lucha encapuchada y armada que infunde el miedo e intimida a la población. Violencia desproporcionada, desaparición forzada, quemas de los estamentos judiciales, bloqueos con restricción a la movilidad, secuestro y extorsión, agresión física y sexual entre bandos, son apenas unas aristas de la descomposición de un pueblo que lucha contra el statu quo​ y pretende justificar lo que ocurre desde, el constitucionalmente garantizado, derecho al discernimiento y la protesta.

Convergencia de aspiraciones políticas, intereses de delincuencia organizada, mezquinos haberes sindicales, deudas indígenas y anhelos juveniles, pone ingredientes a un coctel social que pretende imponer una hoja de ruta a seguir sin acatar la base de una salida negociada: hablar, escuchar y concertar; el fin parece que justifica los medios. Peligroso legado deja para la historia este paro de 2.021 que apuesta por una sociedad de vagos mantenidos que conquistan subsidios para conservar su desidia. Cabos sueltos de la revuelta estigmatizan la protesta ciudadana al vaivén del cálculo político y el marketing electoral de humanos, alternativos, glaucos, comunes, social demócratas y liberales que son parte del problema y quieren posar de sensatos en la plaza pública, la prensa, la radio, la televisión y las plataformas sociales.

Aparente atención ganada, con bloqueos, desestabilización y tiempo, demarca que en Colombia priman los derechos de pequeñas micro–redes de vándalos sobre los del grueso de un colectivo con ganas de construir nación desde la propuesta, la argumentación y el trabajo. Frágil aceptación del otro, divergencia ideológica, es atomizada por solapados caciques que, desde lo que han llamado un pacto histórico por Colombia, apuestan por dotar a las personas de recursos para salir a combatir; cicutas electoreros que mientras ponen cara adusta en pantalla y dicen querer buscar salidas negociadas al paro, por detrás hacen colectas para incentivar y facilitar la lucha. Tóxicos personajes, farsantes, que usan la esperanza de la gente para su negocio de partido.

Extraordinaria, contundente, responsable, argumentada e institucional, debe ser la respuesta del gobierno y los órganos de control para atajar el impropio proceder de congresistas, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores que establecieron un grave ataque a la institucionalidad con la creación y difusión de noticias falsas. Entorno de indicación selectiva que justifica muertes de bebés en ambulancias, violación a agentes policiales, vandalizar bienes públicos y privados o promover ataques a misiones médicas, delitos de mayor gravedad que son una embestida metódica para colapsar el estado de derecho bajo la gravedad de tejer discursos sin contenido real. Ambiente que exacerba los ánimos de una turba incontrolable que lejos está de minimizar el daño sobre las clases menos favorecidas que concentran el dolor de la recesión que está por llegar.

Equivocada forma de hacer política se vio en la moción de censura, duplicada esta semana, en el Congreso de la República, fusilamiento de superioridad moral de la oposición que fue el fiel reflejo de un cálculo político sustentado en la desaprobación de la población a la esfera presidencial y ministerial. Cinismo del más alto nivel, demagogia refinada, que miserablemente revictimizó a familias que han puesto los muertos en esta protesta, jóvenes que perdieron los ojos, y desaparecidos que incautamente creyeron en el mentiroso y cobarde propósito de fuerzas políticas secundadas por los grupos sindicalistas. Desvergüenza social que les permite mirar a los ojos al país para avivar la hoguera, y agudizar el caos, en vez de proponer y dar soluciones, legislar, para sacar a Colombia adelante entre todos.

Quienes se autoproclaman líderes de la protesta no son más que catalizadores de una insatisfacción que ayudó a convertir una manifestación temática en un movimiento de masas que ahora se les salió de las manos, acción de pescar en rio revuelto en función de lo que está en tendencia. Veletas sindicalistas expertas en subirse a la ola de lo que quiere oírse, pero hace mucho tiempo perdieron el norte de la lucha social. Instancia que optó por apagar la economía y lo logró desde la desesperanza de una ciudadanía que circunda entre gobiernos corruptos, desconectados, y está a merced de oscuros actores, vándalos y delincuentes, que emplean como método el bloqueo total del país. Alto costo político, económico y social que difícilmente traerá buenos vientos en el corto plazo mientras los diálogos no avanzan y lejos se ven resultados concretos que permitan empezar a superar la crisis. 

El país no se puede seguir construyendo a punta de odio, violación de derechos humanos es imposible de tapar con un dedo, tan grave ha sido la extralimitación de la masa protestante como la reacción de la fuerza pública. Increpar a quien piensa distinto con agravios y palabras grotescas solo alimenta la animadversión de una Colombia dividida que abismada ve una nueva realidad en donde el dolor invade a familias que no acabó la Covid–19, pero sí la absurda violencia que está en la calle. Los tiempos son limitados y la necesidad de la gente, la economía y el empleo pide remar para el mismo lado y dar la bienvenida a la diversidad de una nación maravillosa constituida por una sociedad sintonizada con ideales comunes. 

Convulsionada Torre de Babel en que se ha convertido Colombia requiere del altruismo de la clase política para disipar las diferencias y propiciar un cambio estructural que atienda la inequidad, disminuya la pobreza y conduzca a una calidad de vida para todos. Un país con hambre será una nación insatisfecha e infeliz, rodear al presidente y las instancias democráticas permitirá allanar el camino para tomar las decisiones más apropiadas para atender la crisis económica y social en pro del bienestar de todos. Hipocresía de la protesta impide deponer los odios y remover las piedras del camino, construcción de futuro solo será posible cuando todos los habitantes sean capaces de pronunciar dos o tres sílabas que son mágicas, y abren corazones: perdón, disculpa y lo siento. 

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