La pregunta completa con la que se encontraron los votantes era la siguiente:
“¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?”.
Esta pregunta (2) fue la que más respaldo ciudadano obtuvo, con un total de 11’666.550 votos (con el 99,85 % de las mesas escrutadas).
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Hay que resaltar que las otras seis preguntas de la consulta también superaron el umbral con alrededor de 11’660.000 votos.
Pese a que a la consulta anticorrupción le faltaron cerca de 500.000 votos para cumplir la meta de aprobación (12’140.342 votos), esta histórica participación ciudadana ha sido catalogada como una victoria por los promotores de la iniciativa y por quienes le respaldaron en las urnas.
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