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Luz Adriana Camargo, la fiscal general de la Nación, señaló que se han hecho importantes avances sobre el origen del arma utilizada en el atentado. “Ya se logró establecer dónde fue adquirida y actualmente se adelantan investigaciones sobre cómo pudo haber ingresado a Colombia. Asimismo, se está evaluando en qué otros eventos criminales podrían haber estado involucrada”.
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En cuanto a la línea técnica, la fiscal general dijo que se ha avanzado de manera significativa. “Hasta ahora se han examinado alrededor de 1.000 videos relacionados con el caso”. Asimismo, se dijo que se ha revisado todo el material de entradas y salidas del barrio Modelia y del lugar donde se llevó a cabo la concentración, así como la reconstrucción del recorrido del menor.
En el componente investigativo, ya se han realizado 23 entrevistas con personas que participaron en la concentración. Cabe destacar que se han reforzado las medidas de seguridad tanto para el menor, quien permanece en un centro asistencial, como para su familia.
“Lamentablemente, en redes sociales y medios de comunicación han circulado nombres y direcciones, lo que ha puesto en alto riesgo a estas personas, especialmente en un contexto de polarización que afecta gravemente la calidad del debate público en el país. Por ello, se activó el programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes en procesos judiciales, y la Dirección de Protección de la Policía está implementando medidas adicionales para garantizar la seguridad del menor y su entorno en el centro médico”, apuntó Camargo.
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El menor permanece en estado grave pero estable. Según el último parte médico, fue intervenido quirúrgicamente esta mañana a las 6:30 a. m. y continúa bajo estricta observación.
Por otro lado, se está realizando un análisis de redes sociales del menor infractor detenido, con el objetivo de entender su entorno y sus relaciones. Hay indicios de que pudo haber sido reclutado por una red ilegal, posiblemente dedicada al sicariato, lo que explicaría su participación en este hecho.
El menor que disparó contra Miguel Uribe y su posible pena
La fiscal recordó las leyes que aplican bajo este caso: “Somos un Estado social y democrático de derecho, y nuestras actuaciones se rigen por las leyes que Congreso de la República. En este caso, la ley que nos guía como Rama Judicial es la Ley 1098 de 2006, que establece el marco legal para la atención de adolescentes y cómo debe reaccionar la sociedad cuando son menores de edad quienes infringen la ley. Se trata de un tema complejo y debatido. A menudo se dice que este sistema es demasiado laxo”.
Sin embargo, estamos ante un caso que sí trasciende: un atentado contra la vida de una persona y la presunta instrumentalización de un menor por parte de redes criminales.
“De hecho, el reclutamiento ilícito de menores es un delito tipificado, y toda nuestra legislación está orientada a proteger y recuperar a estos adolescentes. El espíritu del legislador, en este sentido, es absolutamente comprensible y necesario: busca rescatar y no castigar de forma punitiva”, dijo Camargo.
Y agregó: “Como sociedad, debemos hacer una reflexión integral: ¿por qué un menor de edad termina vinculado a una red de sicariato? ¿Qué tipo de medidas podemos implementar para que esto no vuelva a ocurrir, ni en este caso ni en otros? Colombia tiene una historia dolorosa en este sentido; en los años 80 y 90, vimos menores involucrados en los más graves magnicidios del país. No queremos repetir ese pasado”.
Los delitos y la pena que recibiría el menor
Aunque el menor manifestó su voluntad de colaborar, la fiscal dijo que se debe ser prudentes. “Por experiencia, sabemos que quienes ejecutan el delito pocas veces tienen información completa sobre quién dio la orden. La responsabilidad en estos casos se construye en cadena. Nuestro reto es identificar toda la red detrás del hecho”.
Eso sí, informó que en este caso el menor recibiría una pena de 8 años y sería imputado por los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Sobre las medidas de protección, ya se ha vinculado a la familia del menor al Programa de Protección de Víctimas, Testigos e Intervinientes de la Fiscalía. Además, la Dirección de Protección de la Policía Nacional, junto con el Cuerpo Técnico de Investigaciones, ha estado a cargo de garantizar la seguridad del menor.
“Hemos coordinado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría de Familia. A solicitud del ICBF, asumimos la custodia del menor y estamos solicitando al juez una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, que es la medida correspondiente dentro del sistema penal juvenil”, agregó.
Ayer, en horas de la noche se realizó la audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías. La audiencia concluyó alrededor de las 2:00 a.m y el juez declaró legal la captura. Hoy a las 3:00 p.m. está prevista una nueva diligencia judicial.
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