El caso del secuestro del pequeño Lyan (quien fue liberado), ocurrido el pasado 3 de mayo en la zona rural de Jamundí (Valle del Cauca), sigue causando inquietudes y controversia. Durante 19 días, el país permaneció en alerta mientras las autoridades intentaban ubicar al menor, quien fue finalmente liberado tras una compleja negociación fuera del control oficial.
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Aunque inicialmente se pensó en un secuestro con fines extorsivos, las autoridades hallaron indicios que no coinciden con un caso típico de secuestro por dinero. La familia del niño aseguró que no recibió apoyo estatal, pero informes oficiales contradicen esa versión y afirman que hubo acompañamiento desde el principio, aunque con poca colaboración por parte de los familiares.
Lyan Hortúa habría estado secuestrado en una finca con piscina
Durante las investigaciones, se descubrió que los familiares habían mantenido contacto directo con los captores, miembros de la disidencia Jaime Martínez, e hicieron videollamadas con el menor sin notificar a la Policía. Esta negociación paralela dificultó el manejo del caso y levantó sospechas sobre las verdaderas razones del plagio.
El niño fue mantenido en condiciones adecuadas en una finca del corregimiento Ampudia, según versiones difundidas por Semana. Además, el lugar habría sido identificado por las autoridades.
Sin embargo, el único riesgo para su integridad habría surgido en caso de un enfrentamiento armado, algo que estuvo a punto de ocurrir cuando la familia, sin notificar a las autoridades, optó por negociar por su cuenta.
“Ellos reconocieron que fue un error llevarse al niño y hasta quisieron liberarlo, pero cuando ya se habló de que efectivamente se iba a entregar la plata, pues ya no lo iban a soltar”, agregó el medio.
Esta versión contradice las declaraciones del padrastro y las de la madre del menor en las que hablaban de que estuvo amarrado y esposado mientras estuvo en cautiverio.
“Todos sabían de quién era hijo y qué podría pasar si lo tocaban; entonces, por ese lado no había riesgo. El riesgo existía en un desafortunado cruce de disparos entre los bandidos y la fuerza pública”, habría indicado un testigo a la citada revista.
El secuestro se habría originado por una deuda estimada en 37 mil millones de pesos relacionada con bienes de Diego Rastrojo. Un primer pago cercano a los 4 mil millones fue entregado por la familia. Sin embargo, Jesús Antonio Cuadros, primo del padrastro de Lyan y quien participó en la entrega del dinero, fue asesinado poco después en Cali.
Luego de su liberación, los familiares de Lyan abandonaron la ciudad y eliminaron sus redes sociales, lo que causa aún más preguntas sobre su implicación. El caso reaviva los fantasmas del narcotráfico en el Valle del Cauca y plantea serias dudas sobre el verdadero trasfondo del secuestro.
¿Qué relación tiene la familia de Lyan con el narcotráfico?
Las autoridades vinculan este secuestro a viejos ajustes de cuentas entre estructuras del narcotráfico. La madre de Lyan, Angie Bonilla, fue pareja de José Leonardo Hortúa, alias ‘Mascota’, cabecilla del grupo criminal Los Rastrojos, asesinado en 2013. Además, habría actuado como testaferro de Diego Rastrojo, hoy preso en Estados Unidos.
Con el regreso de antiguos miembros de la organización al país, surgieron presiones para que la familia respondiera por bienes que habían quedado a su cargo. Según las investigaciones, el secuestro de Lyan habría sido una medida de presión, ya que inicialmente se pretendía capturar a su padrastro, Jorsuar Suárez.
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