Un informe del diario El Espectador da cuenta de que este órgano de la corporación tiene más fundamentos políticos que ambientales y que esto podría influir, de manera directa e inmodificable, en la decisión sobre la sustracción de una parte de la zona protegida para ampliar hacia el norte la malla vial de la ciudad.
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El periódico explica que la conformación de este consejo obedece a principios de naturaleza política aunque cada delegado cuenta con la asesoría de expertos de la Corporación Autónoma de Cundinamarca.
En su orden, según ese medio, dicho Consejo Directivo está conformado por un delegado de “las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá; la Presidencia de la República; el Ministerio de Ambiente; la Alcaldía de Bogotá, y cuatro alcaldías de los municipios del territorio (cambian cada año). Además, dos representantes del sector privado; uno de las comunidades indígenas, y dos de las entidades ambientales sin ánimo de lucro”.
No obstante, 9 de esos consejeros hacen parte de la coalición política que respalda a Enrique Peñalosa (4 partidos), 3 de los consejeros, plantea El Espectador, tienen nexos directos con el alcalde mayor o la administración distrital bien sea porque tienen familiares trabajando o han tenido que ver con la campaña política del alcalde.
“En el caso de los cinco puestos destinados a la comunidad, existe otra particularidad: a pesar de que los ocupan personas que se han hecho reelegir hasta cuatro períodos, en 2011 cuatro de ellos dieron su voto a favor de la creación de la reserva”, agrega ese medio.
Una decisión en firme sobre la intervención de unas 1.340 hectáreas de la reserva se conocería a finales de este año.
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