Innumerables formas de violencia física quedaron consignadas en la denuncia que llevó a la condena contra el patrullero de la Policía Jhonatan Miguel Caro Molano, por hechos ocurridos en Marulanda (Caldas), entre el 2018 y el 2019.
Un juzgado de conocimiento de ese municipio le impuso 96 meses (ocho años) de cárcel al uniformado, que convivió con su pareja por cerca de cinco meses.
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De acuerdo con el escrito de acusación, ocho días después de que Caro Molano y su pareja iniciaran la convivencia, él comenzó a golpearla. “La golpeaba con los guayos de la policía, le dejaba múltiples morados, la insultaba con palabras soeces y una vez la amenazó con su arma de dotación”, comunicó la Fiscalía.
La mujer contó que su compañero la maltrató en unas 50 ocasiones, puesto que lo hacía cada dos días. El último ataque ocurrió el 7 de marzo del 2019 a las 10:30 de la mañana, luego de un viaje del uniformado a Manizales.
Ese día lo denunció en la Comisaría de Familia. En agosto del mismo año, al uniformado le imputaron cargos y le dictaron medida de aseguramiento intramural. El proceso en primera instancia terminó con sentido de fallo condenatorio, el cual se refrendó con la sentencia proferida el 16 de abril del 2020.
La defensa de Caro Molano apeló. Dijo que no estaba probado el vínculo de convivencia. También aseguró que no había testigos de los golpes además de la mujer, a quien calificó como proclive a mentir, lo que trató de relacionar con su condición de paciente psiquiátrica.
El Tribunal Superior de Manizales descartó esos argumentos en una decisión motivada. Realzó que había evidencia suficiente de las agresiones y de la existencia del vínculo de convivencia, primero en un inmueble de un particular y luego en la casa fiscal dedicada a los uniformados. Por eso, confirmó condenatoria.
Temía por su vida
La mujer empezó a temer por su vida, por lo que se tomaba fotos de los morados y las enviaba a conocidos en caso de que algo le pasara. Esas imágenes hicieron parte de las evidencias.
El Tribunal consideró que un superior del procesado intentó entorpecer la actuación judicial durante el juicio al rendir testimonio y ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue la posible conducta atentatoria contra la eficaz y recta administración de justicia.
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