Transmilenio adelanta una cruzada para contrarrestar los grupos dedicados a la reventa de pasajes, a los que señalan de concierto para delinquir, fraude y estafa. ¿Cómo se configuran esos delitos? ¿Son bandas criminales o grupos que sacan ventaja de las falencias del sistema?

Cerca de los paraderos del SITP es común ver personas que revenden pasajes a quienes olvidaron la tarjeta Tu Llave, se quedaron sin saldo o no quieren hacer fila. Una solución informal de último minuto que muchos, que pocos ven como un riesgo de seguridad, en especial cuando no hay cerca un punto de recarga. Sin embargo, para la empresa Transmilenio (TM), detrás de esa persona que parece estar rebuscándose la vida, hay una “banda criminal” dedicada al concierto para delinquir, al fraude y la estafa.

El mensaje, que se viene difundiendo hace años, se reforzó la semana pasada cuando, al estilo de los grandes golpes que publicita la Fuerza Pública contra el crimen organizado, revelaron fotos de 12 personas, capturadas cerca a paraderos al sur de la ciudad. Los mostraron esposados; de frente para que se les viera el rostro; custodiados por dos uniformados a discreción, y al pie de una mesa, en la que, en vez de armas, había decenas de tarjetas Tu Llave, monedas y unos billetes (casi todos de dos mil).

Inicialmente, la reventa estaba tipificada en el Manual del Usuario de TM, como “venta informal de viaje por personal no autorizado”. Luego sumaron fraude a subsidios, venta de pasajes con tarifas diferenciadas y reventa de viajes por medio de transbordos. “La venta irregular supone un acto de corrupción, tanto al venderlos ilegalmente como al comprarlos, pues los usuarios que lo hacen acolitan y fomentan un robo al sistema”, indicó Álvaro Rengifo, gerente de TM.

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Pero ¿Los revendedores son una amenaza para la seguridad de la ciudad? Seguramente no. Su delito radica, más allá de evitar que lleguen más recursos a las arcas del sistema, es cómo indirectamente se están apropiando de los subsidios destinados a beneficiar a los más pobres y aprovechándose de estrategias como los trasbordos, un beneficio para los usuarios. Entonces, ¿Cómo corregir los vacíos alrededor del sistema, que abren las puertas a esta práctica? ¿Cómo llegar a la cabeza (incluso sí hay funcionarios) detrás de la defraudación? Preguntas alrededor de un problema que, tanto el diagnóstico como la práctica, es de vieja data.

Los líos detrás de la reventa

La lucha contra la reventa de pasajes no es nueva. Desde que se evidenció que por esta actividad dejaban de entrar a las arcas del sistema miles de millones al año y terminaban en bolsillos de terceros, la empezaron a perseguir. El primer diagnóstico: cómo en todas las actividades informales e ilegales, siempre hay un “emprendedor” que ve en un vacío una oportunidad de negocio. En este caso fue la falta de puntos de recarga cerca a los paraderos.

Al principio, pagar unos pesos de más, era justo para solucionar el problema de movilidad. Pero las personas detrás de la actividad encontraron otros caminos, para hacer más rentable su negocio irregular: aprovechando la imposibilidad de controlar los subsidios o tarifas diferenciales para beneficiarios del Sisbén, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, o sacando jugo los dos transbordos en menos de 110 minutos que hoy ofrece el Sistema.

Aunque se creó la estrategia de las tarjetas Tu Llave personalizadas, que permite inhabilitarla cuando se identifica actividad irregular y sancionar al titular hasta por 180 días sin expedir una nueva tarjeta personalizada; se han aprobado acuerdos en el Concejo para impulsar estrategias en contra de esta actividad, y hasta convenios con la Policía y el Fondo Rotatorio de la Policía, los verdaderos cerebros detrás de la reventa han encontrado como hacerle el quite. Siempre van a encontrar personas que, en el rebusque, se le midan a poner en marcha su plan y que son los que terminan siendo “carne de cañón”.

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De ahí que, la estrategia del Distrito haya sido, a la par con los mensajes a la ciudadanía de recargar en puntos autorizados, la persecución policial como si se tratara de un grupo criminal. Es por esto por lo que cada año hacen redadas, capturan revendedores, incautan dinero e inhabilitan tarjetas, pero la actividad persiste. A la fecha, después de años de persecución, han sido muchos detenidos, pero pocos condenados. Con una agravante: el problema ha crecido con el paso de los años y prueba de ellos es que, mientras en 2019 la Policía decomisó 1.963 tarjetas, la semana pasada solo en una operación en Ciudad Bolívar decomisaron 340.

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¿Dónde está el negocio y el delito?

Pero, si las tarjetas son legales, las recargas iniciales llegan a las arcas del sistema y quienes compran el pasaje lo hace con dinero bien habido y reciben lo que les prometen, viajar en bus, ¿Dónde está el delito? El asunto es que detrás de una actividad que algunos consideran inofensiva e, incluso, un modelo que a replicar por el sistema, acercando el servicio cada vez más a los usuarios, sí se infringe la ley. Eso sí, pocas veces las autoridades han llegado a los cerebros detrás de la operación y se siguen concentrando en los que están en las calles, para reforzar el mensaje de que quien se dedica a esta actividad pertenece a una banda criminal.

Para entender mejor el panorama, hay que conocer las tarifas y el sistema. Viajar en los buses zonales cuesta $2.450 y en los servicios troncales y Transmicable $2.650. Como hay personas que deben hacer varios viajes para llegar a su destino, la tarjeta Tu Llave personalizadas ofrece dos transbordos gratuitos entre buses azules o a $200 si es de un zonal a un troncal. Para estos trasbordos el usuario tiene 110 minutos. Adicionalmente, existen tarifas preferenciales para poblaciones vulnerables.

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Como los adultos mayores, de 62 años, quienes tienen derecho a 30 viajes mensuales con una tarifa de $2.160 en TM (-$490) y $1.980 en los buses azules (-$470), lo que se traduce en casi $14.000 en beneficios al mes. La cifra, que parece mínima, toma otras dimensiones si se tiene en cuenta que actualmente 608.072 tienen tarjeta personalizadas, para acceder al beneficio, lo que implica un estimado $8.500 millones al mes en descuentos.

Las personas en condición de discapacidad también viajan subsidiadas. A las que están registradas, les consignan $26.500 al mes, suficiente para 10 viajes en TM. En este caso, hay 122.773 beneficiarios, entre quienes distribuyen casi $3.250 millones en subsidios Finalmente está el incentivo Sisbén, para mayores de 16 años, con puntajes hasta 30,56 puntos. Hoy 582.543 personas tienen acceso a 30 viajes al mes, con una tarifa de $1.800 en TM (-$850) y $1.650 en los zonales (-$800), lo que representa casi $14.000 millones mensuales en descuentos.

Las cifras indican que en Bogotá casi 1,3 millones de personas tienen acceso a algún tipo de subsidio, que suman casi $26.000 millones al mes. Todo este esquema tarifario y los cálculos los conocen bien quienes diseñan la estrategia de reventa de pasajes. para arañar un poco de esos recursos. Por ejemplo, con mil tarjetas a nombre de beneficiarios del Sisbén, podría apropiarse hasta de $24 millones al mes, vendiendo los pasajes a precio full.

Trasbordos, el gran negocio

Pero el gran negocio no está ahí, sino en los trasbordos. Como hay personas que deben hacer varios viajes para llegar a su destino, las tarjetas Tu Llave personalizadas ofrece dos transbordos gratuitos entre buses azules o a $200 si es de un zonal a un troncal, que se deben hacer antes de 110 minutos. Los revendores. pagando al sistema un pasaje a precio pleno puede en las dos horas siguientes vender otros dos, que le salen gratis. Con 10 tarjetas y $245.000, en 10 horas no solo recupera la inversión, sino que gana adicionalmente $480.000. Aunque las autoridades saben la estrategia, es difícil de controlar.

En las investigaciones de los últimos años se ha calculado que por cada tarjeta se podrían vender en promedio 50 pasajes diarios. Un grupo bien distribuidos, con 300 tarjetas, en los paraderos con mayor tránsito de personas, pueden llegar a hacer alrededor de 15.000 validaciones diarias y hasta 450.000 en un mes. Gracias a esto, pueden mover casi $1.000 millones, de los cuales el 50 % son ganancias.

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Y es ahí donde está el delito, en apropiarse de los subsidios y los descuentos destinados a la población más vulnerable. Si bien, la reventa en sí no es un delito tipificado en el Código Penal, el negocio detrás de la actividad sí. La abogada Jeimmy Gutiérrez asegura que, en este tipo de actividades, como mínimo, persisten el delito de fraude a subvención. “Por llevar a cabo el robo de subsidios por medio de engaños al sistema, estas personas serían procesadas por el delito del fraude a subvención, que se encuentra establecido en el Código Penal y tendrían sanciones penales y multas”, indicó la abogada.

La ley establece que quien cometa este delito “incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, se lee en el artículo 403-A del Código Penal. Asimismo, la abogada aclaró que en estos hechos entran en juego aspectos que, dependiendo del caso, pueden agregar cargos, como concierto para delinquir y estafa. “En el caso de ser detenidos por la policía, se deben encargar de esclarecer si se trata de una asociación conformada para el delito o casos esporádicos”, Agregó Gutiérrez.

Un golpe al sistema

Los expertos en movilidad, más allá del delito, le suman el daño al sistema de transporte. “La reventa es una práctica que lleva años y ni TM ni Recaudo han logrado ponerle freno. Llama la atención que siendo tarjetas inteligentes, que saben cuanta plata recarga, donde se suben y donde se bajan, no se haya logrado un sistema que bloquee una tarjeta que se usa varias veces en un mismo punto. en una hora. Mientras no se haga, habrá avivatos que seguirán vendiendo. Hay indolencia y falta de articulación”, señaló Fernando Rojas.

Por su parte, Germán Prieto, también experto en temas de movilidad, “la reventa es crítica para el sistema y seguramente tiene detrás un tema de mafias bien establecidas, por un lado, y otra de rebuscadores individuales que aprovechan la situación. Pero detrás, encontramos que el sistema ha abierto brechas que permiten eso, como las brechas tecnológicas, que permitían incluso la clonación de tarjetas. A esto se suma el insuficiente trabajo de información para el ciudadano, que no es consciente de que todas esos desangres del sistema los pagamos nosotros, no los transportadores, sino nosotros. La reventa muchos lo ven como un favor, pero es un delito”.

“La reventa significa dos cosas: que la evasión (en todas sus formas) en el sistema de transporte todavía no se ha tratado a fondo y la reventa puede ser sintomático de ello, y que falta fortalecer los controles en el proceso de recaudo, no solo por este caso, sino en toda la cadena de custodia del registro de pasajeros y del dinero en rama que se recoge en las estaciones”, dice José Estalin Rojas, experto en Movilidad.

A pesar de todo este panorama, lo cierto es que la reventa se mantiene y tal parece que la estrategia de perseguir solo a los que se ubican cerca de los paraderos para vender no ha servido para contrarrestar el fenómeno, en el que detrás hay todo un andamiaje delincuencial.

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