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Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Mar 7, 2024 - 6:21 pm
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Por muchos años la familia del sargento viceprimero de la Policía Nacional, Jaime Benítez Prieto, fallecido en la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, lloró a la persona equivocada. Sus restos habían sido identificados erróneamente y en su lugar les habían entregado el cuerpo del magistrado Alfonso Patiño Rosselli. Benítez Prieto era el escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Según reveló el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Fiscalía se dio cuenta que existían irregularidades en el acta de levantamiento y en la necropsia de estos restos y por eso decidió hacer una exhumación en la tumba de Benítez, en coordinación con su familia. “Al hacer la prueba de ADN, se constata que no corresponde al sargento Benítez, pues no existía correspondencia con las muestras entregadas por los hijos de la víctima”.

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En ese sentido, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal concluyeron que esos restos en realidad correspondían al magistrado Alfonso Patiño Rosselli. “Este manejo irregular, dado por la Justicia Penal Militar y por la fuerza pública, es ilegítimo, ilegal y de una maldad superior, es decir, engañar a los familiares. Concluimos que la escena del crimen fue totalmente adulterada; luego de que termina la acción, concentran los cuerpos en el cuarto piso, los incineren y después entregan los restos al azar a los familiares y en el proceso se ha demostrado que hay casos en los cuales en una fosa se concentran partes de 6 o 7 cadáveres”, explicó el abogado Eduardo Carreño Wilches fundador del Cajar.

Hace casi 39 años, 30 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia para hacerle un juicio popular al entonces presidente, Belisario Betancur. Luego, el Ejército perpetró una retoma violenta en un edificio colmado de magistrados de las cortes, empleados, abogados, guerrilleros y visitantes. La toma y retoma resultaron en más de 100 muertos y, entonces, el reporte de 11 desaparecidos.

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Por estos hechos fue condenado, entre otras personas, el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de cárcel por la desaparición de cinco civiles. De acuerdo con la investigación que hubo en su contra, el general fungió como comandante de la Brigada XIII (Bogotá), la cual lideró lo que las Fuerzas Militares denominaron el “plan tricolor” que buscaba, según su dicho, establecer el orden y recuperar a los rehenes del M-19.

Precisamente, en enero de este año, el Gobierno Nacional ordenó retirar todas las condecoraciones que recibió el general (r) Arias Cabrales. La decisión se fundamenta en el Decreto 1070 de 2015, el cual establece la pérdida del derecho al uso de condecoraciones para militares condenados por delitos dolosos.

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Esto significa que Jesús Armando Arias Cabrales fue despojado de la Medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público, que obtuvo en 1985; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en grado de Gran Cruz, que recibió en 1986; la Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, en grado de Gran Oficial que le fue entregada en 1989; y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en grado de Gran Oficial recibida en 1989.

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