Para ella, una cosa es que el Estado tenga la obligación de protegerlo, pero otra cosa es que “pueda hacer lo que le da la gana en su sitio de reclusión”. Y recalca en su columna: “Monsalve está blindado porque su testimonio señala a Uribe. Si fuese contra cualquier otro expresidente, quizá sería tildado de loco o de charlatán”.

“Duerme en una cómoda habitación, sin rejas, cocina sus alimentos, tiene televisor y puede recibir visitas”, destaca Dávila como privilegios de Monsalve. Gracias a esas prerrogativas, continúa la columnista, el Inpec le decomisó en la casa fiscal de La Picota, donde está recluido, un celular, un computador y una impresora. “En el área común fueron hallados desde videojuegos hasta whisky”, agrega.

“Las autoridades también tienen unas fotografías que muestran al testigo consumiendo licor con su papá, un hermano y un amigo, aparentemente en la visita que le hicieron el 28 de diciembre”, sigue Dávila. “Otras informaciones de inteligencia hablan de que Monsalve tendría actividades ilegales desde la reclusión. Eso debería ser investigado. Pero ¿quién se atreve, si se trata de un testigo blindado?”.

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Dávila también se declara sorprendida por las voces “importantes” que salieron a defender a Monsalve y a cuestionar a la ministra de Justicia y al director del Inpec por el operativo. “Si tenían información sobre los excesos del testigo, su obligación era actuar, no ser cómplices. No sé si pretendían que se hicieran los locos”, les dice.

“Me pregunto si los periodistas que critican se hubieran guardado la información solo por tratarse de Monsalve. ¡Grave! Estoy convencida de que si los abusos fueran de un testigo a favor de Uribe, habría portadas en todos los medios y el debate no habría terminado. Ninguno habría descansado hasta ver su traslado”, advierte.

Declara que no es “defensora de oficio de Uribe”, pero reclama que al expresidente se le den todas las garantías procesales, “como cualquier colombiano —ni más ni menos— y esto incluye que un testigo como Monsalve, que declaró contra él, no esté blindado y se haya convertido en un intocable”.

La postura de Dávila contrasta con la de la periodista Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias Uno, que escribió en El Espectador esta semana que “uno de los más graves errores de la era Santos fue nombrar o permitir que mandos civiles, policiales y militares, comprometidos hasta el tuétano con la extrema derecha uribista […] conservaran cargos clave para la Seguridad Nacional y para el control de asuntos de enorme trascendencia política”, entre los cuales menciona el Inpec.

“Por eso es tan llamativa la historia de los recientes operativos en las prisiones del país con la loable cobertura de limpiarlas de corrupción e irregularidades en un propósito que todos compartimos”, ironiza Orozco Tascón. “Pero —también— resulta tan casual que el éxito más resonante del Inpec en desarrollo de esa labor sea la incautación de elementos prohibidos en el reclusorio en que se encuentra […] Monsalve”.

“Más se demoró el Inpec en salir de la casa fiscal en donde está Monsalve que en publicarse, en un medio que acaba de contratar a varios periodistas cercanos al gobierno y al uribismo, el resultado del allanamiento, fotos incluidas, que incriminan al detenido y le restan credibilidad a su conducta y, por tanto, a sus afirmaciones”, sostiene, y lamenta que del resto de los allanamientos el Inpec hubiera expedido “un frío comunicado con cifras y sin nombres de los presos responsables de las violaciones al régimen penitenciario”.

Y recuerda que “otros testigos similares a Monsalve, entre estos, Francisco Villalba y Carlos Enrique Areiza fueron entrampados, primero, y asesinados después. Si el castigo de Monsalve por transgredir las normas carcelarias, es su traslado a una celda común, sufrirá igual suerte”.

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