La Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por cinco meses del cargo a María del Pilar Soto García, del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, por otorgar detención domiciliaria a una persona condenada por homicidio en el departamento del Cesar.
Soto García concedió el beneficio al preso con el diagnóstico y opinión de un médico particular en el que se alegó una enfermedad, pese a que la ley para la época exigía la presentación de un dictamen de un médico oficial, según la Comisión.
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“No puede traspasar los límites de la legalidad, pues precisamente la labor de los servidores judiciales en el Estado Social del Derecho, es buscar la preservación de la justicia y el desarrollo de procedimientos que salvaguarden el debido proceso, de allí que este principio encuentre límites en el acatamiento del ordenamiento jurídico y la eficacia de los derechos fundamentales que no se circunscriben únicamente a quien es sometido a un proceso penal sino también a las víctimas”, reza la decisión con ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez.
La actuación de María del Pilar Soto García es reprochada debido a que son precisamente los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad los encargados de vigilar las condenas para que se cumplan y no reincidan en el delito.
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“Si su ejercicio no se apega al principio de legalidad al decidir sobre el otorgamiento de los subrogados penales, por inaplicación de las normas que regulan estas figuras, se subvierte el alcance propio del sentido de justicia que congloba el cumplimiento de la pena impartida contra el procesado, como sucedió con la decisión adoptada por la juez, al desconocer un requisito imprescindible para la concesión de la prisión domiciliaria”, puntualizó la Comisión.
La funcionaria
Aunque en los apartes de la decisión que conoció EL PILÓN no se específica el sentenciado beneficiado con el ‘error’ judicial. La juez María del Pilar Soto García ha sido cuestionada en varios casos por actuaciones similares.
Este medio de comunicación en el 2018 registró la investigación que Soto García tenía por el delito de prevaricato por acción agravada. Esta se debió a la detención domiciliaria que otorgó a Miguel Ángel Rojas Páez, condenado por acabar con la vida del esposo de su tía en una discusión por una herencia que sucedió en el barrio Callejas, al noroccidente de Valledupar.
En el 2014, a la juez también le abrieron indagación por conceder detención domiciliaria a Freydel Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, señalado jefe del Cartel de Envigado.
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