Hace unos días se conoció que un total de 22 integrantes del Ejército Nacional están siendo investigados por un supuesto entramado de corrupción.
Según se dijo en su momento, los uniformados, junto con dos civiles, se unieron para practicar la falsificación de exámenes médicos de incorporación de soldados a las Fuerzas Militares, al igual que de procesos administrativos, asignación de material de guerra, alimentación y pagos de nómina.
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Precisamente sobre ese último tema se conoció en las últimas horas una denuncia que hicieron algunos soldados afectados, quienes el pasado 17 de agosto pusieron en conocimiento de las autoridades las irregularidades.
En la denuncia, recogida por Blu Radio, se menciona que los soldados habrían reclamado el pago de bonificaciones en efectivo para soldados inexistentes, por los que se pagaba nómina pese a que nunca aparecieron en persona.
Pero uno de los hechos más llamativos fue el de unos descuentos que se les hacían a los soldados de forma irregular, los cuales se hacían por instrucción del capitán Álvaro Alexander Sánchez González junto al sargento viceprimero Diego Carmona Castaño, se menciona en la denuncia.
Al parecer, estos militares ordenaron a los dragoneantes y cabos del batallón recoger las tarjetas débito del Banco de Bogotá de los soldados, quienes a su vez debían entregar las respectivas claves. Eso habría ocurrido durante 3 o 4 meses.
“El CT [capitán] Sánchez decía textualmente que quien no entregara su tarjeta debía recibir su castigo toda la noche en los baños y si dábamos mal la contraseña de la tarjeta la hacía bloquear y obligaba al soldado regular a viajar y a pagar los pasajes de él o del suboficial acompañante hacia San José del Guaviare para desbloquear la tarjeta y retirar los dineros ordenados”, se lee en la denuncia compartida por la emisora mencionada.
En uno de los casos citados se relata que en una ocasión “el teniente coronel Wilson Raúl Martínez Suárez y el mayor Cayetano Zeas Niño exigieron un pago de 1.200.000 pesos por concepto de arreglo estructural de los baños de la compañía, material de intendencia, pasajes de ida y vuelta a sus lugares de domicilio, sastrería, kits de aseo y paquetes fotográficos”.
En esa oportunidad, dada en noviembre de 2021, a los soldados solo les quedaron de 30.000 a 50.000 pesos para regresar a sus casas luego de todos los descuentos hechos.
Pese a la denuncia, hecha por 18 soldados, el pasado viernes 18 de agosto el juzgado promiscuo municipal de Calamar, Guaviare, ordenó medidas de aseguramiento no privativas de la libertad contra los militares involucrados.
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