La Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles que imputará cargos contra Sergio Fajardo por supuestas irregularidades en la firma de un contrato que se dio cuando él era gobernador de Antioquia, en el 2013. Sin embargo, la decisión del ente investigador ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores políticos del país.

Gustavo Petro, férreo crítico del exalcalde de Medellín, dejó a un lado sus diferencias con él y consideró que la Fiscalía está empezando a involucrarse en las elecciones presidenciales del próximo año. Por su parte, abogados penalistas reconocidos como Francisco Bernate señalaron que la imputación anunciada por el ente investigador es absurda y no pasaría en un país serio.

Integrantes del partido Alianza Verde también se solidarizaron con Fajardo. Sin embargo, lo más llamativo es que hicieron lo propio varios miembros del partido Centro Democrático, afín al fiscal general Francisco Barbosa y otro movimiento político que ha criticado al exgobernador de Antioquia y calificado como el candidato de Juan Manuel Santos para las próximas elecciones.

Congresista del uribismo advirtieron los reparos que tienen sobre la imputación de cargos contra Fajardo. Por ejemplo, el representante Gabriel Santos, hijo de Francisco Santos, la calificó como “una locura” y aclaró que, de todas maneras, él sostenía diferencias ideológicas con el exgobernador de Antioquia. El representante Gabriel Vallejo fue más allá y se mostró en contra de “judicializar la política y politizar la justicia”. El congresista agregó que hacerlo era dar los primeros pasos hacia el totalitarismo y una dictadura.

Rafael Nieto Loaiza, que será precandidato presidencial del Centro Democrático, aseguró que la Fiscalía estaba cometiendo un error peligroso: “Imputar cargos por no haber previsto volatilidad del dólar me parece francamente excesivo y no veo la conducta criminal”, escribió en su cuenta de Twitter.

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La imputación de cargos a Fajardo será por los delitos de peculado por apropiación en favor a terceros y por contratos sin cumplimiento de requisitos, por una licitación que dio en 2013, cuando era gobernador de Antioquia, indicó la Fiscalía en un comunicado. El precio del dólar en ese momento estaba a 1.926 pesos; en 2015 llegó a 3.140 pesos, por lo que la deuda de Antioquia pasó de 600.000 millones de pesos, a más de un billón de pesos. Sin embargo, en lo que han coincido analistas es que es imposible saber a ciencia cierta cómo se va a comportar la moneda extranjera.

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