La iniciativa de Guerra y Uribe contiene 12 artículos que proponen fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción, lo mismo que fortalecer las denuncias y la sanción social, de acuerdo con El Espectador.
Pero la idea no es solo publicar en sitios web oficiales la lista de las personas condenadas por corrupción, con los nombres y detalle de sus condenas —espacios que, según Guerra, citada por el diario, se llamarán “muros de la corrupción”—, sino que los investigados y condenados hagan trabajo social “en actividades con visibilidad pública, portando prendas de vestir distintivas de la resocialización”. Además, estarían inhabilitados para ejercer docencia en colegios y universidades.
La idea de Guerra no es nueva. De hecho, ya la había propuesto en su campaña para el Senado y la han radicado tres veces. Y fue por eso que, en el mismo rotativo, el columnista Yohir Akerman le recordó a mediados de este mes que tenía cuatro familiares investigados o detenidos por corrupción.
Dos de ellos son sus hermanos Joselito Guerra de la Espriella, que, asegura el columnista, “fue condenado a 90 meses de prisión por enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada en el escándalo que el país conoció como el Proceso 8.000”; y Antonio Guerra de la Espriella que, escribe Akerman, “fue acusado de tener vínculos con el paramilitarismo, beneficiarse de su aparato militar e incluso de ser un apoyo de la operación militar de las autodefensas”.
También están Julio César Guerra Tulena, tío de la senadora, exgobernador de Sucre contra quien la Contraloría profirió un “grave fallo” por responsabilidad fiscal como consecuencia de la “desaparición de 2.398 millones de pesos de recursos de la salud”, escribe Akerman; y Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, primo de la senadora, conocido como ‘Miguelito’, “condenado por constreñimiento al elector y concierto para delinquir en los inicios del escándalo conocido como la parapolítica”, dice Akerman.
Con todo, la senadora Guerra le dijo a El Espectador que su proyecto de ley “contribuye a la lucha anticorrupción” y que todo lo que sume para “acabar con este flagelo vale la pena presentarlo y tramitarlo”.
También está convencida de que un muro de la corrupción es “una manera mínima de castigo porque la memoria es muy frágil. Pero necesaria. Hay que condenar la corrupción, venga de donde venga: de familiares, de copartidarios políticos o de cualquier ciudadano”.
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