Desde finales del año pasado revivió la vieja idea de crear una Superintendencia para que inspeccione, regule, fiscalice, vigile y controle los procesos educativos en Colombia. El último proyecto de ley con esta iniciativa se radicó en la Cámara el 9 de agosto de 2022 y, cuando estaba a puertas del tercer debate, se archivó.

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El 16 de marzo se presentará de nuevo, pero ante el Senado. Así lo tiene previsto Jorge Tamayo, representante a la Cámara del Partido de la U y uno de los ponentes. ¿De entrar en vigencia afectaría las funciones del Ministerio de Educación que, a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, cumple esas tareas?

Una de las razones que expone Tamayo es que las funciones de vigilancia, control y regulación de este sector, en distintos entes territoriales, han estado a cargo de la Presidencia y el Ministerio. Por ejemplo, la calidad de la educación preescolar, básica y media son supervisadas por las secretarías de Educación, y en el caso de la educación superior, el Ministerio es el encargado.

“Es la entidad la que expide los lineamientos para el sector y, a su vez, supervisa y evalúa la prestación del servicio educativo. El Ministerio no puede ser juez y parte, es decir, no puede prestar el servicio o habilitar a otro y vigilarse a sí mismo”, explica el representante.

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El funcionario dice que hay otro problema que enfrenta el sistema educativo, y está relacionado con la insuficiencia de los recursos destinados para la supervisión y la escasez de personal que se encarga de desempeñar esta tarea.

A esto, cuenta, se le suma que los organismos de control, como la Contraloría, la Fiscalía o la Procuraduría, no son especializados en los temas de educación. “En consecuencia, llegan tarde. Claro que sí se han presentado sanciones, pero cuando se imponen ya la plata se perdió o la afectación es un hecho. Terminan siendo insuficientes”, asegura.

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