El Gobierno nacional enfrenta el primer obstáculo para sacar adelante la reforma a la salud, la primera de las reforma sociales más importantes para el presidente Gustavo Petro que se radicó en el Congreso el lunes pasado y, a la vuelta de un día, puso a 25 congresistas a levantar alertas por el trámite que se le dará en el Capitolio.
Por ello le enviaron una carta a Petro y a los presidentes de Senado y Cámara –Roy Barreras y David Racero– señalando un tecnicismo jurídico que podría entorpecer los planes del Gobierno para aprobar el texto que cambia el modelo de salud del país.
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La reforma fue radicada ante la Cámara de Representantes como una ley ordinaria, en medio de las sesiones extraordinarias que se llevan a cabo en el Congreso (las sesiones ordinarias se inician a mediados de marzo y terminan el 20 de junio). Su trámite es corto, pues requiere la aprobación en Comisión Séptima –que trata temas de salud– y en la Plenaria de la Cámara, luego en las del Senado, en donde basta la mayoría simple (la mayoría de votos de los asistentes a las sesiones) para aprobarla.
En cambio, si se tramita como ley estatutaria debe hacerse en las sesiones ordinarias, ingresar por comisiones primeras, deben expedirse en una legislatura (un año), necesitan mayoría absoluta para aprobarse (la mitad más uno de los votos de los integrantes de las comisiones y plenarios) y la Corte Constitucional debe revisarlos. Mucho más complejo y demorado.
Este es el lío que enfrenta, por ahora, la reforma a la salud, incluso antes de iniciar en firme el debate.
Al respecto, en diálogo con EL COLOMBIANO, la representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, advirtió que tras revisar el contenido de la reforma, estima que debe ser una ley estatutaria porque “la Corte Constitucional ha señalado que cuando se reglamentan los derechos fundamentales en su núcleo o esencia, como el derecho a la salud y su definición, debe tramitarse así”.
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En ese sentido, agrega, un trámite de estos ofrece más garantías para el debate. “Es tan estatutaria que en el capítulo 1 define lo que es el derecho a la salud, que es distinta y más restringida, por lo cual estaríamos regulando qué es la salud desde la génesis”, dice.
¿Qué dice la ley al respecto?
La Constitución y la Lay Quinta explican que con las leyes estatutarias se regulan, entre otros, los “derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”. La salud, después de la Ley 1751 de 2015, se convirtió en un derecho fundamental y dejó de ser un servicio público esencial, como lo plasmaba la Ley 100 de 1993.
El profesor de derecho público y constituyente, Jaime Castro, le explicó a este diario que “si el Gobierno insiste en tramitarla como una ley ordinaria, va a ser demandada ante la Corte Constitucional”. Si esto ocurre –continúa– lo que haría el alto tribunal “es revisar si el contenido de la nueva ley, independientemente de si reforma o no una anterior, tiene alcances o disposiciones con carácter de ley estatutaria”.
En resumen, considera que “para garantía del Gobierno y de la ciudadanía interesada en el trámite de la ley, debe hacerse como una ley estatutaria, que le da garantías a todas las partes interesadas en el proceso porque el proyecto se refiere al derecho fundamental a la salud”.
Llamados desde el Congreso
Además de la representante Juvinao, otras voces les siguen alertando a la ministra Carolina Corcho y al presidente de la República la posibilidad de que la reforma no avance por vicios de trámite, y con esto, el reloj empiece a acosar los tiempos. Y es que, a la luz de la ley, estas alarmas y recomendaciones no son infundadas y, aún más, cuando se trata de una de las reformas más ambiciosas de Gustavo Petro y que estuvo en el corazón de su campaña electoral.
Una de estas es la representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Partido Dignidad), quien anota que a pesar de que el Gobierno diga que “es ordinaria porque modifica la Ley 100, lo cierto es que no existía la jurisprudencia que hoy reconoce la salud como derecho fundamental”.
Por esta razón, le pide al Ejecutivo que entienda que “si no se tramita de forma acertada, se va a caer” y que “hacemos estas sugerencias reconociendo que hay aspectos muy acertados y otros por mejorar”.
Entre tanto, el también representante a la Cámara Juan Carlos Losada (Partido Liberal), fue enfático en señalar que el mandatario, durante su discurso en el balcón de la Casa de Nariño, “insistió múltiples veces en decir que de lo que se trata la refoma es justamente garantizar el acceso a un derecho universal a la salud, por eso no se entiende por qué no quiere darle tratamiento de ley estatutaria”.
Hasta ahora, el Presidente se ha mantenido en que la reforma a la salud seguirá su trámite como ley ordinaria, puesto que es para reformar la Ley 100, que es ordinaria.
“La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”, dijo en un trino en respuesta a Catherine Juvinao. Por otro lado, fuentes al interior del Gobierno expresaron que para evitar este lío, en el articulado citaron la ley estatutaria de salud (1751) y que el plan es que los puntos que tocarían derechos fundamentales sean aprobados con mayoría calificada.
Al respecto, Juvinao añadió que el Gobierno “no va a ganar nada metiendo eso por las comisiones séptimas, en donde tiene integrantes más afines a ellos, si después la Corte Constitucional la tumba”. Y añade que seguir así “es un tiro al aire y veremos qué pasará cuando alguien la demande, pero será un riesgo muy alto. Por ser una reforma tan importante para Petro, con mas razón debería salvarlo de estos riesgos”.
Por ahora, el presidente del Senado, Roy Barreras, le pidió al ministro del Interior, Alfonso Prada, que le “solicite a la Sala de Consulta del Consejo de Estado su concepto sobre la naturaleza (estatutaria u ordinaria) de la Reforma a la Salud”. Sin embargo, Prada anunció que seguirán adelante como ley ordinaria. “La reforma no modifica la definición ni el contenido del concepto del derecho fundamental de salud”, dijo.
Sin ir más lejos, estos líos jurídicos y procesales de la reforma a la salud son el botón de muestra del largo camino que apenas inicia y que tendrá que recorrer el Gobierno y su partido en el Congreso para aprobarla. Una primera voz del Consejo de Estado podría poner fin a este galimatías abogadil y pasar del debate de forma al de fondo, en medio de las preocupaciones por el contenido de la reforma a la salud y la presión de los partidos políticos sobre el Gobierno para darle el visto bueno a la hora de votar.
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