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Las recientes detenciones en Colombia de 12 personas asociadas a una red dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Europa han puesto de manifiesto la complejidad y persistencia de estos crímenes transnacionales. De acuerdo con la Policía colombiana, la red conocida como Raphax identificó y captó a más de 60 víctimas, principalmente en las ciudades de Medellín y Cali, para enviarlas a países como Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo, donde eran sometidas a explotación sexual. Los arrestos se efectuaron en Medellín (nueve personas), Pereira (dos) y Cali (una), e incluyeron al principal líder de la organización, quien era buscado en Europa por reclutar mujeres mediante engaños a través de redes sociales, según la fuente original.
El funcionamiento de esta red criminal implicaba imponer una deuda inicial de 5.000 euros a cada víctima bajo el pretexto de cubrir gastos de viaje y alojamiento. Sin embargo, esta supuesta deuda se transformaba en una forma de esclavitud: las víctimas no podían saldarla porque sus ingresos eran retenidos casi por completo por los explotadores y, además, sufrían sanciones constantes. Este patrón coincide con los identificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2023, especialmente en casos donde personas son trasladadas fuera de su país de origen para ser explotadas sexualmente.
De hecho, la UNODC estima que el 59% de los casos de trata de personas a nivel global se relaciona con explotaciones sexuales, apuntando a mujeres y niñas como los grupos más vulnerables. La Unión Europea ha subrayado la consolidación de redes particularmente activas en el este de Europa, como Albania, Kosovo y Montenegro, donde la pobreza y la falta de alternativas laborales agudizan la exposición al reclutamiento. En el operativo reciente, la cooperación internacional resultó clave: Europol reportó la captura de siete enlaces en Albania, ilustrando así la importancia de la coordinación entre cuerpos de seguridad de diferentes países.
El fenómeno de la trata de personas en Colombia no es reciente. El país se reconoce, según la Fiscalía General y organismos como Polaris Project, como uno de origen, tránsito y en ciertos casos de destino para víctimas de tráfico. Solo en 2025, las autoridades colombianas han ejecutado al menos 13 operativos, con la detención de 80 sospechosos, de los cuales 19 eran extranjeros, lo que pone en evidencia la creciente respuesta del Estado a este delito, aunque expertos alertan sobre la alta incidencia de casos no denunciados.
El análisis social revela que el uso de redes sociales ha facilitado a estas organizaciones el engaño de mujeres con promesas falsas de empleo y oportunidades. La Fundación Karisma sostiene en su estudio de 2024 que las plataformas digitales deberían adoptar políticas y mecanismos de prevención más sólidos para evitar su uso por redes de trata. Paralelamente, la existencia de redes como Raphax es síntoma de un crimen organizado transnacional que emplea rutas diversas, colaboraciones locales y corrupción para funcionar impunemente.
Tal como indica la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), combatir eficazmente estas redes exige acciones desde diferentes frentes: fortalecimiento institucional, cooperación internacional, protección efectiva a las víctimas y campañas educativas que permitan reducir la vulnerabilidad de las potenciales víctimas. Por tanto, la acción coordinada de las autoridades colombianas y europeas representa un avance, pero también subraya la necesidad constante de políticas públicas robustas y multidimensionales para erradicar la trata.
¿Por qué es tan difícil detectar y erradicar las redes de trata de personas?
En la lucha contra la trata de personas, las autoridades enfrentan obstáculos como la dificultad de identificar a las víctimas y la sofisticación de los grupos delictivos. Muchas víctimas no denuncian por miedo, desconocimiento de sus derechos o amenazas, mientras que las organizaciones criminales suelen aprovechar deficiencias en los controles migratorios y la corrupción local para ocultar su accionar. Así, la fragmentación de esfuerzos y el subregistro dificultan medir el alcance real del problema.
La coordinación internacional, el fortalecimiento de las instituciones y la generación de datos precisos son elementos clave para mejorar la detección y respuesta ante la trata. No obstante, los cambios culturales y sociales, sumados a la sensibilización ciudadana, también son necesarios para romper el silencio y el ciclo de abuso, según informes como el de UNODC y OIM señalados en el artículo.
¿Qué significa la explotación sexual en el contexto de la trata de personas?
La explotación sexual, dentro de la trata de personas, se refiere a situaciones en las que las víctimas son forzadas, coaccionadas o engañadas para realizar actividades sexuales en contra de su voluntad, generalmente a beneficio de un tercero. Según los datos citados de UNODC, este tipo de explotación constituye la modalidad más frecuente, afectando principalmente a mujeres y niñas.
El proceso suele incluir traslado, engaño, retención de documentos y amenazas, lo que perpetúa la situación de abuso y dependencia total de la víctima respecto a sus explotadores. La comprensión precisa de este término permite visibilizar uno de los delitos más invisibilizados y complejos de abordar a nivel nacional e internacional, y resalta la necesidad de protección integral y acceso a la justicia para quienes logran sobrevivir.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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