De acuerdo con versiones entregadas a la Fiscalía, citadas por Caracol Radio, algunos concesionarios que venden lujosos carros (avaluados en más de 150 millones de pesos), les ofrecían a sus clientes la posibilidad de evitar el pico y placa, por medio de dos modalidades.

La primera es que los concesionarios, según la emisora, se contactaban con empresas de seguridad para que ingresaran los vehículos, que los clientes habían comprado, en una base de datos para que quedaran registrados como “elementos de trabajo para supervisores de vigilancia”.

Posteriormente, esas empresas emitían un documento que categorizaba a los compradores como “empleados dedicados a la seguridad”, y que era radicado en la Secretaría de Movilidad, aseguró la emisora.

La entidad distrital procedía a verificar que la compañía fuera legalmente constituida y otorgaba el permiso para que esas personas pudieran sacar sus carros en días que tenían pico y placa.

La otra forma era que los concesionarios ponían en contacto a sus clientes con “falsos médicos”, según reportes de la Fiscalía mencionados por la cadena radial. Los supuestos galenos incluían a los compradores de los vehículos en una base de datos de discapacitados para que pudieran solicitar el permiso en la Secretaría de Movilidad.

Con estas modalidades, la Fiscalía indicó, según Caracol Radio, que son más de 3.000 autorizaciones para evadir el pico y placa, que se obtuvieron de manera ilegal.

En medio de la investigación, señaló la frecuencia radial, varias de esas personas que se vieron beneficiadas por esa red fueron llamadas a entrevistas, y establecer si, además, hay funcionarios públicos involucrados.

La Secretaría de Movilidad, por su parte, ya tiene conocimiento de estos hechos y, ahora, hace una investigación interna.

Además de verificar si hay empleados de esa entidad metidos en la red criminal, la Secretaría también busca esclarecer presuntas irregularidades de varios tramitadores como que ofrecen hacer trámites que solo puede hacer el dueño del vehículo o reactivar la licencia de conducción cuando fue suspendida por conducir en estado de embriaguez.