El auditor interno del Banco Agrario presentó a la Procuraduría una carta de 60 páginas en las que relata varios episodios en los que ha sentido que la entidad bancaria ha entorpecido, perseguido, maltratado o atropellado su independencia laboral, informó Noticias Uno.

El documento relata situaciones ocurridas en ejercicio de sus funciones entre octubre de 2018 y junio de 2019, entre las que sobresale su liderazgo en las auditorias sobre la injerencia del banco en el caso de corrupción del consorcio Navelena, conformado mayoritariamente por Odebrecht, y a quien la entidad prestó 120.000 millones de pesos de forma irregular, añadió el informativo.

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Respecto a las acciones que habría desencadenado su trabajo en el caso Navelena-Odebrecht, Carlos Alberto Jiménez denuncia cuestionamientos a su labor como auditor interno, por parte del presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, ese noticiero.

“Sin dejarme terminar mi idea, me respondió en un tono altanero, desobligante y grosero que yo y la auditoría interna éramos un palo en la rueda para la administración”, habría declarado Jiménez respecto a las intimidaciones, según documento de la denuncia obtenido por el noticiero.

Pero esta no sería la única presión hecha por el directivo bancario al auditor. La carta también revela que Jiménez habría recibido órdenes de cómo hacer su trabajo y qué temas podía llevar a las juntas del banco para evitarse problemas.

“Carlos yo no quiero problemas con usted mañana en el comité de presidencia. La presentación del informe la va a realizar la administración por parte de Carlos Fádul (quien ejerce como vicepresidente ejecutivo) esto porque auditoría no tiene informe y tenga muy claro que no quiero problemas”, revela otro de los apartes de la extensa misiva presentada a la Procuraduría, según Noticias Uno.

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El auditor habría recibido presiones e intimidaciones de parte del gerente en otros momentos, como cuando denunció inconsistencias en la adecuación del edificio de la dirección general de la entidad, indicó ese medio.

También, como otro ejemplo expuesto por el noticiero, se conoció que la gestión de cobro del banco evidenció hallazgos en contratos que de 28.950 millones de pesos pasaron a costar 42.000 millones de pesos por irregularidades relacionadas con prórrogas, modificaciones y adiciones, lo que implicaría un posible detrimento patrimonial que tendría que ser investigado por la Contraloría General de la República.

Consultado por ese medio, el presidente del Banco Agrario dijo que fue la entidad la que presentó una queja disciplinaria a la Procuraduría contra Carlos Alberto Jiménez, “pues la auditoría que lideró no tenía las irregularidades encontradas supuestamente por la administración”, dijo el informativo.

Pero esta no es la única denuncia por acoso laboral que se conoce al interior del Banco Agrario, de acuerdo con el testimonio del ex subgerente de Auditoría Interna (de quien no se reveló su nombre real), recogido esta semana por La W.

Según esa entrevista en el medio radial, la oficina de control disciplinario del banco habría perseguido y destituido injustamente a su empleado “para que no presentara un informe de auditoría con hallazgos sumamente relevantes y que debían presentarse al presidente de la entidad y al Comité de Auditoria de la Junta Directiva”.

El Banco Agrario responde

Después de ver lo que publicaron Noticias Uno y W Radio, el Banco Agrario expidió un comunicado en el que asegura que la Administración de esa entidad “siempre ha respetado la labor desarrollada por la Oficina de Auditoría Interna, la cual se ha realizado con total independencia y sin injerencia alguna, brindando todas las garantías para la presentación de sus
informes ante el Comité de Auditoría, la Junta Directiva de la Entidad y ante los entes externos”.

Todo eso, agrega el banco, “dentro de un sistema que salvaguarda la autonomía y el acatamiento de los principios y políticas que rigen la actividad de control interno para una entidad de la naturaleza del Banco”.

También recuerda que el pasado 30 de agosto de 2019, ese banco presentó queja disciplinaria ante la Procuraduría por presuntas faltas disciplinarias y al ordenamiento jurídico por parte del Jefe de Auditoría Interna del Banco, quien auditó la ejecución de unos contratos relacionados con la cobranza de cartera de la entidad.
“El Auditor presentó ante la Administración el correspondiente informe donde plasmó algunas ‘no conformidades menores’ y ‘oportunidades de mejora’, el cual no reveló ningún asunto de preocupación ni una grave afectación a los intereses del Banco. Con el fin de verificar el alcance de estas conclusiones, y ante el conocimiento de una denuncia anónima relacionada con irregularidades en la ejecución de los contratos de cobranza de cartera, el presidente del Banco, Francisco Mejía Sendoya, le solicitó al Auditor realizar, de acuerdo con sus funciones, un segundo informe sobre los hechos auditados”, dice en otro de sus apartes el comunicado.

“En el segundo informe, el auditor reiteró, en términos generales, las conclusiones presentadas en el primero de ellos. Debido a lo anterior, el presidente del Banco acudió a la Gerencia de Seguridad de la
Información de la Entidad para que realizara una revisión sobre la labor derivada de los contratos auditados, la cual identificó graves anomalías que no fueron detectadas por el Auditor Interno”, continúa la información del banco.

“En relación con el supuesto entorpecimiento que aduce el Auditor en su denuncia pública para exponer su informe ante el Comité de Auditoría del Banco, esta no tiene fundamento; dado que al Comité no se le presentan hallazgos denominados ‘no conformidades menores’, y como el
informe del Auditor no contenía las graves irregularidades encontradas por la Gerencia de Seguridad de la Información, fue la Administración quien tuvo que poner en conocimiento del mencionado Comité las mismas, de manera oportuna”, añade.