Las corporaciones autónomas regionales de Antioquia, Cornare y Corantioquia, manifestaron su inconformidad con el artículo 24 de la Ley de Páramos porque genera dudas sobre los recursos del sector eléctrico y la tasa por uso que financiarían a las CAR.
Las corporaciones alegan que las modificaciones introducidas por la ley ponen en riesgo el principio de autonomía porque traslada el manejo de ese dinero al Fonam que es “administrado de forma centralizada y excluyente (…) y no de las regiones”, señalaron en un comunicado.
Asimismo, las CAR advierten la existencia de vacíos normativos puesto que la ley no establece los montos de las transferencias del sector eléctrico para la protección de páramos ni quién los va administrar.
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Otra de las quejas tiene que ver con el artículo 26 de la norma que establece que el recaudo al impuesto de carbono llegará al Fondo Colombia en Paz (FCP), para garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de zonas afectadas por el conflicto, señala El Colombiano.
Ese medio entrecomilla un fragmento de la ley que aclara que esos recursos serán administrados por el Fondo Nacional Ambiental (Fonam) y serán invertidos en proyectos de “manejo de erosión, conservación de fuentes hídricas y protección de ecosistemas” en esas áreas.
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