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El Gobierno de Gustavo Petro estudia los decretos que serían necesarios para declarar el estado de conmoción interior en Catatumbo, región de Norte de Santander, tras la ola de violencia desatada por el Eln que deja, hasta el momento, cerca de una treintena de personas asesinadas.
De hecho, esta opción fue planteada por el propio presidente Petro durante el consejo de seguridad que se realizó en Tibú, municipio del departamento fronterizo con Venezuela. En este se discutieron “las medidas y acciones necesarias para restablecer la seguridad y bienestar en la región”, indicó Casa de Nariño.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente Petro, quien estuvo acompañado por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Educación, Daniel Rojas; así como la directora del Dapre, Laura Sarabia, y el alto comisionado de paz, Otty Patiño. También estuvieron presentes las autoridades regionales, incluyendo al gobernador William Villamizar.
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¿Qué significaría que Petro declare conmoción interior en el catatumbo?
En esa cita para evaluar la seguridad de la subregión, se evaluó la medida del estado de conmoción. Este se debe declarar por orden del presidente, como lo indica el artículo 213 de la Constitución.
“En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales”, señala la carta magna.
Es decir, ese estado, que sería aplicable solo a Catatumbo, se extendería por un periodo de tres a nueve meses, como máximo. En ese periodo, el presidente podrá publicar decretos con fuerza de ley que atiendan, exclusivamente, la situación por la que se generó el estado de conmoción. Es un caso similar al ocurrido en La Guajira cuando, en 2023, el presidente decretó el estado de emergencia económica y social. Y, como en esa, el estado de conmoción interior, y los decretos que se expidan en ese contexto, pasan de inmediato a control por la Corte Constitucional.
De hecho, también el Ejecutivo está preparando la declaratoria del estado de emergencia económica y social. Con este, el Gobierno deberá expedir decretos “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia”, indica la Constitución, en su artículo 215.
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El alcalde de Ocaña, también en Catatumbo, Emiro Cañizares, manifestó que el Ejecutivo debería declarar ese estado. “Las capacidades nuestras son insuficientes, contamos con pocos recursos y por eso se requiere activar el mecanismo de subsidios para que se pueda actuar”, dijo en entrevista con W Radio.
Esta situación se da por los recientes ataques de la guerrilla del Eln, asesinando firmantes de paz, atacado a población civil y a líderes sociales. Mientras que algunas fuentes indican que van cerca de 30 asesinatos, el gobernador Villamizar dice que la ola de violencia ha dejado a más de 50 víctimas, además de centenares de personas desplazadas que han huido de la zona rural del Catatumbo por temor a quedar en el fuego cruzado.
Según fuentes en el territorio, el grupo ilegal busca el control total de la zona, que es estratégica al ser frontera con Venezuela. Esto llevó a que el Gobierno decidiera suspender la mesa de negociación por segunda vez.
Sobre las implicaciones, el abogado Francisco Bernate indicó que “por supuesto que la situación en Catatumbo es muy delicada, pero en absoluto es imprevisible y a la que no se le puede hacer frente con los medios ordinarios”. Incluso, dijo que si se llegara a declarar, “difícilmente pase la prueba de la Corte Constitucional”.
Pero para el también abogado Iván Cancino, sí sería la opción viable: “Cuando el orden público se sale de la consideración normal, el presidente podría hacerlo, y creo que el Catatumbo, por lo menos desde el punto de vista legal y constitucional, el presidente podría hacerlo y estar justificado”.
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