Justo cuando a su mandato ya le brilla el sol en las espaldas, al presidente Gustavo Petro parece hacérsele más distante el logro de su principal promesa de Gobierno, la “paz total”. Solo una región entre muchas del país le demuestra, a comienzos de este año, el enorme desafío que enfrenta para alcanzar ese propósito que se ubica cada vez más en el campo de la utopía: el Catatumbo, llamada así por los indígenas bari o motilones para significar que es la ‘casa del trueno’, debido que prácticamente todos los días hay relámpagos. Y desde hace varios años también truena por los estruendos de una guerra que se agudizó en los últimos días.
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El Catatumbo es una de esas amplias bisagras geográficas que unen a Colombia con Venezuela, diferente a los pasos formales (Paraguachón [La Guajira-Zulia], los puentes internacionales que unen a Norte de Santander con el estado Táchira [La Unión, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot, antes Tienditas, y Simón Bolívar], más el que une a Arauca con Apure [José Antonio Páez], el puerto fluvial de Puerto Carreño y el puesto de control migratorio fluvial de Inírida), y allí se acaba de desatar una cruenta guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc.
Pero, ¿por qué los grupos armados se disputan la cuenca del río Catatumbo, que nace en el cerro de Las Jurisdicciones, en Ábrego (Norte de Santander) y desemboca en el lago de Maracaibo en Venezuela? La razón está muy lejos de las consignas con que esas organizaciones justifican su existencia: no es por su postura ideológica ni por la noble intención de liberar a Colombia de opresores. La única razón que está detrás de esta guerra es el narcotráfico, los cultivos de coca y los corredores para transportar el alcaloide.
Esa es la razón por la que esta región transfronteriza permanece en constante disputa, y que el conflicto afecte de manera directa a los habitantes de los 13 municipios que hacen parte de ella: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, González, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, Río de Oro, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Precisamente, los hechos violentos que se han presentado en la región en los últimos días, y que han cobrado la vida de varios firmantes de paz del Acuerdo con las Farc, se han enfocado en atacar a la denominada ‘base social’ de las organizaciones armadas, es decir, a los civiles.
Cifras de la Defensoría del Pueblo señalaban que el número de muertos en las últimas horas ascendía a 20, pero otros datos que ofreció el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, en Caracol Radio, recabados entre personeros y alcaldes de la región, indican que los muertos son más de 34, y más de 20 heridos, lo mismo que varios secuestrados. Los datos exactos de decesos quizá nunca se sepan, pues las autoridades que cumplen funciones de policía judicial hace mucho rato que no hacen levantamiento de cadáveres en varios sitios de la región.
De hecho, el que se encargaba de ese trabajo era Miguel Ángel López, llamado también el sepulturero del Catatumbo, asesinado junto a su esposa y a uno de sus hijos en Tibú. De no ser por ese tipo de trabajos, los cuerpos de las personas muertas quedan a disposición de los grupos armados enfrentados, que los esconden o los sepultan. Todo esto hace aún más gravosa la catastrófica situación en el Catatumbo.
Las confrontaciones entre el Eln y la estructura ‘Frente 33’ de las disidencias de las Farc, así como las acciones de ‘los Pelusos’ (Epl) y el ‘Clan del Golfo’ (que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia) están dejando sin sustento el plausible como ambicioso y quizás inalcanzable proyecto de “paz total” del presidente Petro. El adjetivo ‘total’ no da lugar a dudas: si es ‘total’, pues no puede ser ‘parcial’ o a medias. Y con la decisión del mandatario de suspender los diálogos con el Eln por los “crímenes de guerra” que está cometiendo en el Catatumbo, se dilata aún más la consecución de ese objetivo.
Además, la gravísima acusación que hace el presidente Petro también lo condiciona. La sociedad colombiana y la comunidad internacional ofrecerán cada vez más resistencia frete a un proceso de paz con una organización que comete “crímenes de guerra”. Es cierto que para conseguir la paz se tenga que hablar hasta con el diablo, pero incluso esas conversaciones encontrarán más oposición si se consideran los graves señalamientos contra el Eln, en el sentido de que está yendo hasta las casas de las personas acusadas de apoyar al ‘Frente 33’ para matarlas.
En este dantesco escenario, resulta inquietante la actitud de las Fuerzas Militares, atadas desde que comenzó esta administración y contenidas para atacar, por ejemplo, al ‘Frente 33’, con el que el Gobierno Nacional tiene pactado un cese al fuego. Los uniformados se están limitando a recoger heridos, y a tratar de salvaguardar a la población civil, pero sin desplegar todas sus capacidades para enfrentar como se debe a los grupos armados organizados.
Con el paso de las semanas, la administración del presidente Petro se va acomodando en la lista de gobiernos que han intentado dialogar con el Eln, pero no lo han conseguido por la beligerancia y estructura federalizada de esa organización armada. De seguir las cosas como van, el jefe de Estado pasará a la historia como uno más de los presidentes a los que el Eln les tomó del pelo, pero con el agregado de que en campaña para ganar la presidencia dijo que haría firmar la paz a esa guerrilla tres meses después de llegar a la Casa de Nariño.
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