“El Grupo Aval de Colombia, propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y socio de Odebrecht, autorizó en [marzo de] 2015 una cuestionable alteración de un acta de junta del año anterior en la que se aprobó un contrato utilizado presuntamente para el pago de sobornos [y relacionado con la adición del contrato la Ruta del sol y la adición de la vía Ocaña-Gamarra], según documentos internos de la empresa”, aseveró Univisión, y más adelante detalló:

“Al momento de la operación, Alberto Mariño Samper representaba al Grupo Aval a través de su filial Episol en el consorcio Ruta del Sol […] Una cadena de correos electrónicos obtenidos por el equipo periodístico muestra que Mariño y el presidente de Odebrecht para Colombia, Eleuberto Martorelli, autorizaron en marzo de 2015 la alteración del acta”.

Dicho pacto fue con Profesionales de Bolsa S.A. para que los asesorara en el cierre financiero de la adición del nuevo tramo a la Ruta del Sol, pues decían que la concesionaria de Odebrecht no la tenía, publicó el portal.

Jorge Enrique Pizano

Artículo relacionado

Mancha en toalla de Pizano sería saliva, y no sangre como dijeron Fiscalía y M. Legal

Eso aunque Jorge Enrique Pizano, controler del consorcio que apareció muerto recientemente, alertó en 2015 que no había “justificación para contratar esta firma, ya que Corficolombiana [filial del Grupo Aval] estaba brindando asesoría en estos temas’’, agregó el medio.

Y que al final, dicha firma solo habría sido una fachada ya que, reiteró Univisión, “el contrato fue hecho para camuflar el pago de los sobornos que le permitieron al consorcio quedarse con la ampliación del tramo de la autopista sin someterse a una nueva licitación”.

Todo eso lo encontró el medio en documentos y correos entre directivos de Aval y Odebrecht, algunos de los cuales no les dieron respuesta sobre el tema, aunque se contactaron con ellos.

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Artículo relacionado

La estrategia del Grupo Aval en redes para contener ola de ataques por Odebrecht

El que sí les contestó fue el exministro de Justicia Yesid Reyes, a quien por su experiencia le pidieron que les explicara en qué actos ilegales habrían podido incurrir los directivos que modificaron el acta.

“Podría configurar una falsedad material en documento privado, incluso sin importar cuál era el objetivo de aprobar el contrato a destiempo […] Si ese dinero fue usado para pagar sobornos, ahí no terminaría la actividad delictiva, porque quienes lo aprobaron podrían ser acusados como cómplices o coautores de los sobornos”, respondió Reyes.