La solicitud incluye la suspensión inmediata de actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial en playas urbanas y rurales, y de uso público como Playa Blanca, Cholón y otras áreas, por los frecuentes accidentes marítimos, señala un comunicado de la Procuraduría.
Eso como parte de un proceso de vigilancia y seguimiento, “ante las reiteradas situaciones de inseguridad, que ocasionaron la muerte de una turista (joven barranquillera atropellada por yate de lujo al sumergirse en el mar)”, los continuos accidentes en lanchas, “las fallas de ambulancias acuáticas y excesivos cobros en tarifas de servicios turísticos, bebidas y alimentos”, detalló el ente.
Además, pidió una vigilancia estricta a las “condiciones de salubridad e higiene en la zona, ruidos excesivos, incidentes por tráfico de motonaves y afectaciones al medio ambiente”.
La medida, según el Ministerio, será hasta que se garanticen las condiciones de uso; es decir, que haya señalización, reglamentación, vigilancia y seguridad en las playas.
Además, el pedido busca que se regularicen las actividades y se brinde una efectiva protección al medio ambiente en zonas de playa y bajamar.
Finalmente, la Procuraduría pide que se controle la “capacidad de carga de las playas, que se garanticen servicios de asistencia médica y primeros auxilios, ambulancias marítimas, servicios de rescate y guardavidas”.
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