El procurador Carrillo se refirió al tema este lunes, en rueda de prensa, y dijo que la decisión de investigar a la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a varios funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tiene que ver con la crisis ambiental que se generó a raíz del proyecto hidroeléctrico Ituango, en Antioquia.

“La investigación se ha abierto por el tema del daño ambiental, que yo creo que es evidente. Dicen los expertos, y aquí hay que tener mucho cuidado porque los elementos técnicos son los que respaldan el inicio de la investigación, aquí prácticamente se secó el río Cauca”, dijo Carrillo, declaración que recoge Noticias Caracol.

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El funcionario señaló que debido a esta crisis ambiental se “generó un daño que, muchos sostienen, es irreparable”, pese a que la empresa anunció medidas para mitigar este impacto ambiental.

“La empresa ha estado tomando acciones, pero nosotros necesitamos saber cuál es el origen de las decisiones que se tomaron, y los elementos de juicio para tomar esas determinaciones”, agregó Carrillo.

Contrario a lo que dijo el procurador Carrillo, el gerente de EPM, Jorge Londoño, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que la decisión de cerrar las compuertas en la obra se tomó para preservar vidas humanas.

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“En algún momento nos enfrentamos a un dilema ético de qué era más importante, si la vida humana o las consecuencias ambientales que incurría esta decisión. Nos fuimos por el camino de preservar las vidas humanas, sabiendo que había una afectación ambiental significativa […] estas afectaciones son reversibles, estos daños no son irreparables, y en eso nos vamos a concentrar en los próximos días, ya cuando regresen los caudales…”, aseguró Londoño en el diálogo.

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