La Procuraduría General confirmó la destitución e inhabilidad general por diez años a Franco González.
En fallo de segunda instancia, el Ministerio Público estableció que el convenio suscrito en 2015 por la CAR Cundinamarca con la Empresa de Servicios Públicos de Chía (Emserchía) y la alcaldía del municipio, por más de 35 mil millones de pesos, no se encontraba en condiciones de ser ejecutado.
El órgano de control determinó que los estudios y diseños para iniciar las obras fueron elaborados en el 2011, y por lo tanto eran obsoletos para ejecutar el proyecto, lo que ocasionó modificaciones al convenio y un reajuste en el valor de los trabajos, que ascendió a 62.875 millones de pesos.
Para la Procuraduría quedó demostrado que se quebrantó el principio de planeación en la ejecución de las obras, porque no se tomaron las medidas necesarias para asegurar la construcción de la planta en los términos y valores inicialmente previstos.
También se vulneraron los principios de moralidad y legalidad, toda vez que no se respetaron las normas que obligaban a las partes a tener los estudios y diseños adecuados antes de firmar el convenio de construcción.
Por esos hechos, la Procuraduría confirmó la calificación de la conducta de Franco González como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
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