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El más reciente balance presentado durante la clausura de las sesiones descentralizadas del Concejo de Manizales, realizado bajo la dirección de Julián Osorio, presidente de la Mesa Directiva y representante del Partido En Marcha, expone preocupaciones sobre el futuro financiero de la ciudad. Según datos expuestos en la sesión, el Concejo identificó que, tras un presupuesto aprobado de $345 mil millones para 2025, el recaudo certificado hasta el mes de junio apenas llegó al 59,1%. Esta diferencia ha provocado una advertencia sobre el riesgo de sobrepresupuestación, ya que la Secretaría de Hacienda, en respuesta a un derecho de petición, corrigió la proyección de ingresos a $306 mil millones, lo que deja un desfase de $39 mil millones. Para el órgano de control político, esta situación debilita la confianza ciudadana e incrementa la incertidumbre sobre la ejecución de los recursos públicos, una problemática que, según el propio Osorio, pone en aprietos la viabilidad de las metas del Plan de Desarrollo pactadas para el próximo año.
La importancia de este diagnóstico radica en el impacto que tiene sobre el margen de maniobra de la administración local para financiar inversiones prioritarias. La reducción del presupuesto efectivo, estimada en el ajuste propuesto por Hacienda, representa un recaudo real del 73,5%, porcentaje que, aun siendo superior al inicialmente reportado, sigue siendo insuficiente para muchas de las obligaciones asumidas en los compromisos sociales y de infraestructura con la ciudadanía. Estos números evidencian una tendencia que no es exclusiva de Manizales; expertos y organismos como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han señalado en informes recientes que la recaudación efectiva en ciudades intermedias del país ronda apenas el 65%.
En respuesta a la alerta presupuestal, Manuel González, secretario privado y actual alcalde encargado, aseguró que la administración municipal ha tomado nota de la situación y se compromete a revisar sus proyecciones de ingreso y sus mecanismos de ejecución. González subrayó la responsabilidad que tiene el gobierno local en garantizar una política presupuestal transparente, en línea con los principios de gobernabilidad y control fiscal que exige la ciudadanía y la normatividad vigente.
A este contexto crítico se suma la ejecución de proyectos de alto impacto aprobados en las últimas sesiones del Concejo. Entre ellos se destaca la iniciativa para la protección de la cuenca hídrica del Río Blanco, considerada vital para el abastecimiento de agua en Manizales y señalada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) como una prioridad ambiental y urbana. Otras aprobaciones relevantes incluyen el fortalecimiento institucional de la Personería, la compra de inmuebles para la ejecución de proyectos sociales en San José, la permuta de predios para clarificar títulos de propiedad, la autorización de vigencias futuras que aseguran recursos para próximos años, y la implementación de una tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes, en sintonía con políticas nacionales de equidad educativa del Ministerio de Educación.
Todo este conjunto de acciones pone de manifiesto el delicado balance entre la ambición social y la cautela financiera. Las lecciones del reciente informe de la Contraloría General de la República, publicado en 2024, resaltan que la planificación presupuestal debe ser rigurosamente monitoreada y ajustada a la realidad de los ingresos municipales, para así evitar escenarios de déficit y de incumplimiento de metas sociales. Manizales se proyecta así como un caso emblemático de los desafíos de la gestión local en Colombia: articular la planificación de grandes proyectos y la búsqueda de mayor equidad con una administración responsable y transparente.
De cara al futuro, la clave será consolidar el trabajo conjunto entre el Concejo y la Administración, fortalecer la cultura de control fiscal, y adoptar mejores prácticas de recaudo, tal como lo sugieren expertos en gestión pública y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La próxima reunión prevista para el 1 de octubre será un momento crucial para revisar estrategias, identificar rezagos y proponer soluciones que garanticen la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible de Manizales.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Por qué es importante la protección de la cuenca hídrica Río Blanco en Manizales?La protección de la cuenca hídrica Río Blanco es clave porque de ella depende el abastecimiento del 40% del agua potable del municipio, según información reportada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Esta zona natural enfrenta riesgos crecientes debido al avance urbano y a los efectos del cambio climático, lo que ha motivado que la administración local priorice su conservación dentro de la agenda pública. Mantener la integridad de esta cuenca es esencial para la sostenibilidad ambiental, la seguridad hídrica y la salud de la población, especialmente en una ciudad con presión demográfica y expansión urbana.
El sector ambiental y el Concejo Municipal han reconocido este esfuerzo como un ejemplo de prevención y planificación, ya que protege a la ciudad de posibles crisis de desabastecimiento. Además, refuerza el compromiso de Manizales con los objetivos nacionales en materia ambiental y con las metas de adaptación al cambio climático establecidas por las autoridades nacionales y organismos internacionales.
¿Qué son las vigencias futuras y para qué sirven en la administración pública?Las vigencias futuras son una figura presupuestal que permite a las administraciones comprometer recursos de años posteriores para ejecutar proyectos y programas que tienen un horizonte de más de un ejercicio fiscal. Según la normatividad colombiana, su aprobación debe ser rigurosa para evitar el endeudamiento excesivo y asegurar que las inversiones de largo plazo tengan respaldo financiero y trazabilidad en el tiempo.
En el caso de Manizales, la autorización de vigencias futuras facilita la planeación y continuidad de proyectos estratégicos, al asegurar recursos más allá del año fiscal en curso. No obstante, su uso debe ser vigilado por organismos de control y el Concejo Municipal, para impedir que estas figuras generen riesgos financieros o limitaciones para administraciones futuras.
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