El proyecto de ley, según detalló Duque, incluye “sanciones durísimas como la prohibición de la contratación con el Estado”, precisamente una de las siete preguntas presentes en los tarjetones de la consulta que se votó el domingo pasado.
Además, el mandatario agregó que el proyecto de ley “da vida a la extinción de dominio (expropiación) exprés” con el objetivo de “endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público”.
También lo que consideró como un “elemento profundamente novedoso” como es “la acción penal para las personas jurídicas” que no solo supone “sanciones corporativas”, sino “una sanción a gestores y propietarios”.
El proyecto pretende además que se amplíe de 5 a 20 años el periodo para la acción disciplinaria y la sanción de conductas de los funcionarios de los servidores públicos.
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“Otro elemento muy importante es que fortalece, motiva y patrocina la denuncia ciudadana brindando mecanismos de protección eficaces. Eso nos permitiría que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos”, subrayó.
En una declaración tras radicar el documento, aseguró que el proyecto de ley llega como “seguimiento” a su discurso del pasado domingo, cuando aseguró que el pueblo colombiano mostró su “hastío” con la corrupción.
Con el Procurador General @fcarrilloflorez radicamos hoy en el Congreso de la República el proyecto de ley para promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer responsabilidad penal de personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público. pic.twitter.com/zdM7VVGKjJ
— Iván Duque (@IvanDuque) August 29, 2018
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