“Estados Unidos acoge con beneplácito la publicación por parte del gobierno de Duque de su proyecto de decreto sobre la reanudación de la erradicación aérea de coca”, dice un comunicado divulgado en Bogotá por la embajada de EE.UU.
— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 31, 2019
El gobierno estadounidense también se expresó confiado con que la iniciativa “cumpliría con las estrictas condiciones de salud y ambientales establecidas por la Corte Constitucional” para el uso del polémico herbicida.
El comunicado del Departamento de Estado agrega que “la publicación de este proyecto de decreto es un paso crítico hacia la integración de la erradicación aérea de coca en la estrategia integral antidrogas de Colombia”.
A renglón seguido el Departamento de Estado señala que “al igual que Estados Unidos, Colombia reconoce que un enfoque antinarcótico exitoso debe abordar tanto la reducción de la oferta como de la demanda”.
Por último, recalca que “Estados Unidos apoya los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr nuestro objetivo conjunto de reducir a la mitad el cultivo de coca y la producción de cocaína para fines de 2023”.
El pasado 2 de agosto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) divulgó un informe según el cual los cultivos de coca se redujeron ligeramente en Colombia en 2018 al pasar de 171.000 hectáreas a 169.000, pero siguen en sus cifras más altas desde que comenzaron las mediciones.
Las fumigaciones a las plantaciones de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, al acatar una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno y causar daño al medio ambiente.
En 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos, pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.
El proyecto de decreto del Gobierno Duque estará disponible hasta el 30 de enero de 2020 para que cualquier persona o entidad lo estudie y haga comentarios, y luego el Ministerio de Justicia evaluará “si hay camino para modificar el decreto o no y luego se firmaría”.
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