Puntualmente, las comunicaciones del exministro fueron escuchadas ilegalmente entre el 19 de febrero al 11 de julio del 2013, cuando ejercía como facilitador y asesor de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos con las desaparecidas Farc.
Desde noviembre de 2019 Leyva se enteró que su número aparecía entre los interceptados por la plataforma Esperanza de la Fiscalía y con un derecho de petición le pidió a la entidad aclararlo.
En las últimas horas se certificó que el procedimiento fue ilegal, pues el ente acusador encontró que el celular fue interceptado porque lo relacionaron con una organización dedicada al narcotráfico transnacional.
Es decir que la interceptación se hizo desde las salas de la Fiscalía, pero por el engaño de un miembro de la Dijín. Ese funcionario de la policía judicial se inventó que tenía información de una persona para relacionar ese número celular a un delito y así consiguió chuzarlo, explicó la vicefiscal Marta Mancera en Noticias Caracol:
“Esto es una actividad judicial que un policía le solicita a un fiscal con los motivos fundados en una fuente humana, información con la que solicitó la intervención del celular de Leyva. […] La base probatoria fue una fuente humana que es falsa, por lo tanto, los motivos para interceptar no eran acordes al procedimiento penal. Eso obviamente es un fraude”.
La funcionaria añadió que la investigación los condujo a ese uniformado que solicitó la chuzada y a la persona que escuchó en la sala de interceptaciones de la Policía Nacional, pero no han logrado determinar quién lo ordenó y a manos de quién fue a parar la información que obtuvieron de Leyva.
Entre tanto, el documento en el que la Fiscalía reconoció la condición de víctima de Leyva, citado por RCN Radio, también detalló que “se adelanta la investigación por la presunta comisión de los ilícitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir”.
Entre tanto, se descartó que otros negociadores de paz como Humberto de la Calle, el senador Iván Cepeda o los abogados de las Farc, Diego Martínez y Enrique Santiago, hubieran sido interceptados ilegalmente, aseguró El Espectador.
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