El anuncio lo hizo el fiscal encargado, Fabio Espitia, que asumió desde mayo de este año cuando Néstor Humberto Martíne Neira renunció al cargo y a quien señalan de ordenar las interceptaciones ilegales a los protagonistas del Acuerdo de Paz y recibir toda la información que se obtenía de ellas.
La investigación preliminar busca establecer si las comunicaciones del exjefe negociador, Humberto de la Calle, y el exalto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, fueron interceptadas sin orden judicial, indicó RCN Radio.
Además de ellos, también habrían chuzado a Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Álvaro Leyva Durán y los abogados Diego Martínez y Enrique Santiago, asesores jurídicos de las Farc para la negociación, según los testigos que cita Coronell en su columna.
Se trata del exfiscal de la Dirección contra las Organizaciones Criminales Fabio Augusto Martínez Lugo y el excoordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía Luis Carlos Gómez Góngora –que ya fue condenado por reconocer su participación en las chuzadas a miembros del sindicato de pilotos Acdac. Los dos ya pidieron entrar a la JEP.
“En resumen las irregularidades que se han planteado en este caso, y que podemos señalar, es porque se utilizaron procesos penales existentes para efectuar y ordenar interceptaciones motivadas en la investigación por el homicidio de un docente universitario chocoano cuando el fin era controlar a las personas relacionadas con el proceso de paz en La Habana siendo esto totalmente ilegal”, precisó Gómez Góngora, declaración que recoge la emisora.
No obstante, el fiscal (e) Espitia indicó, citado por El Espectador, que existen dos posibilidades sobre las acusaciones a Martínez Neira y son “que esa situación que se denuncia sí se haya dado o que sea una estrategia que se esté utilizando para entrar a la JEP. Son dos hipótesis que se pueden constatar muy fácilmente”.
Ante las acusaciones, Martínez Neira respondió en un comunicado que la misma Fiscalía tiene pruebas de que desde el 2018 en la cárcel La Picota, de Bogotá, un grupo de personas que fueron judicializadas durante su gestión “gestaba una conspiración contra el suscrito, apelando inclusive a falsos testimonios”, reseñó El Tiempo.
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