La Corte Constitucional falló una tutela a favor de una funcionaria que asegura haber sido víctima de acoso sexual y laboral por parte de José Guillermo Castro Ayala, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional.
Según el alto tribunal, la Veeduría Disciplinaria del centro académico vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia de la víctima pues “se tardó más de tres años analizar el fondo de su denuncia, prolongando innecesariamente la indefinición de su queja”.
“Para este tribunal, en los casos de violencia contra mujeres la falta de determinación judicial genera una ‘amenaza seria, real y protuberante de los derechos fundamentales (…) toda vez que la demora en la adopción de decisiones puede devenir en la vulneración irremediable de los derechos a la integridad personal, a la familia, a la libertad y a la vida en condiciones dignas'”, dice el fallo.
(Vea también: Imputan a profesor Fabián Sanabria por presunto abuso sexual de joven que le pidió trabajo)
Fallo de tutela contra la Universidad Nacional
Revictimización en la Universidad Nacional
En diciembre de 2014, Alexi Viviana Amaya empezó a trabajar en el proyecto de relaciones internacionales de la Facultad de Derecho, a la que estaba vinculada desde 2011. El docente José Guillermo Castro Ayala era el director del proyecto y, por ende, su jefe inmediato.
Según ella, los acosos empezaron en 2015: “Lo primero fueron tocamientos. Él acostumbraba hacerme cosquillas y agarrarme, pese a que le manifesté que no me sentía cómoda y que se abstuviera de hacerlo, que mantuviéramos una relación jefe-asistente. Por el contrario, él siguió tocándome y haciendo chistes subidos de tono”, contó Amaya, en mayo de 2018, a El Espectador.
Posteriormente, además de hacerle comentarios morbosos e inapropiados, Castro Ayala comenzó a ponerle tareas que nada tenían que ver con las funciones laborales de ella, como reemplazarlo en las clases y comprarle los uniformes al hijo, de acuerdo con Amaya.
El docente, según ella, también le pidió comprar el tiquete aéreo más caro para un profesor invitado, a lo que ella se negó: al tratarse de dinero de la universidad, estaba obligada a pagar el precio más económico. En represalia, Castro Ayala le pidió al entonces decano Genaro Sánchez desvincularla del proyecto, relató ella a El Espectador.
A principios de marzo de 2016, Amaya fue citada por Sánchez y contó su versión de lo sucedido. Después de la reunión con el decano, en la noche, Castro Ayala le envió varios mensajes para amedrentarla, así que ella decidió mostrárselos al decano, que decidió citarla, el 7 de marzo de 2016, a una reunión para que el docente se disculpara con ella. Amaya no aceptó las disculpas.
El 20 de mayo de 2016, ella puso una queja disciplinaria ante el Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Nacional, y en agosto de ese año el proceso llegó a la Veeduría Disciplinaria, que solo hasta junio de 2017 abrió investigación disciplinaria.
Sin embargo, en mayo de 2019, la Veeduría archivó el proceso con argumentos como que los mensajes del docente a la víctima eran “chistes, bromas y comentarios propios de una amistad, en la que se observa un amplio margen de confianza de ambos extremos”, que no se podía considerar como acoso el trato del profesor y que no había una relación de poder.
La apoderada de Amaya apeló la decisión, pero la Veeduría Disciplinaria la negó dos veces (la última en julio de 2019).
Argumentos de la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional. Fuente: SENTENCIA T-426 DE 2021, Corte Constitucional
“Se normalizan actitudes que victimizan y revictimizan a las mujeres”
Para Carolina Solano, subdirectora de Justicia de Sisma Mujer, las razones que la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional esgrimió para archivar, revictimizan, pues desconocen la relación de poder que había entre ella y el docente.
“En este caso, la relación de poder entre el profesor y Alexi se da en una relación laboral de apoyo administrativo, donde no se podía presumir una relación de amistad. Por el contrario, ese tipo de relaciones generan dinámicas de poder en donde las mujeres no se pueden defender ni frenar los comentarios, como se haría con un amigo o compañero”, explicó Solano a Diario Criterio.
En este caso litigado por Sisma Mujer, celebramos la Sentencia T-426 de 2021 de la @CConstitucional en la cual se declaró la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia de Alexi Amaya, víctima de acoso sexual por parte de su superior en la @UNALOficial pic.twitter.com/fvGuJlvmXf
— Sisma Mujer (@SismaMujer) February 3, 2022
De acuerdo con la experta, uno de los grandes problemas con el acoso sexual tiene que ver con comentarios que se ven como normales, “como chistes”, y que se desconocen “entornos en donde hay subordinación de cualquier naturaleza entre hombres y mujeres”.
“Se normalizan ese tipo de actitudes por parte de los hombres. Actitudes que victimizan y revictimizan a las mujeres”, precisó Solano.
Después de que le Veeduría de la Universidad Nacional rechazó la apelación, Amaya interpuso una acción de tutela al considerar que se vulneraron “sus derechos fundamentales al acceso a la justicia, al debido proceso, y a vivir una vida libre de violencias”, pues no se revisó “de fondo el recurso de apelación”.
El 30 de julio de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá negó la tutela, decisión que fue confirmada un mes después, el 4 de septiembre, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Ultimátum a la Universidad Nacional
Finalmente, la tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional, que advierte: “Las universidades tienen la obligación de proveer mecanismos efectivos para la sensibilización, la prevención y la sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”.
Por esa razón, además de revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Corte le ordena a la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional de Colombia tramitar la queja contra el docente y analizar, “con perspectiva de género y atendiendo los estándares internacionales, constitucionales y legales”, las fallas que se cometieron. La veeduría tiene 20 días de plazo para hacerlo, después de que sea notificada.
Esta decisión es de gran importancia pues sería “la primera sentencia de este tipo contra una veeduría”. “No conocemos otro antecedente”, explicó a Diario Criterio Carolina Solano, subdirectora de Justicia de Sisma Mujer, organización que ha acompañado a Amaya en este caso desde la Veeduría hasta la Corte Constitucional.
Por ahora, queda esperar cómo avanza el proceso contra el docente Castro Ayala, que sigue vinculado a la Universidad Nacional.
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