Los policías Mauricio Alfonso Palacios Moreno, de Bogotá; Andrés Felipe Cardona Cardona, de Villamaría; y Carlos Édison Contreras Meneses, de Norte de Santander, enfrentan en libertad un proceso judicial por el supuesto delito de tortura agravada en concurso con cohecho propio, señalados de causarles daños a Yimis Antonio Mosquera, José Daniel Jaramillo Taborda y Julián Vanegas Ochoa, quienes acababan de cobrar una comisión por secuestrar a una mujer. Estos, ya condenados, pasaron de victimarios a víctimas.
La historia
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Para poder entender este proceso hay que contar primero que Yimis Antonio, José Daniel y Julián hacían parte de la banda Los Hechiceros, dedicada al secuestro. El último fue el de la comerciante Diana María Toro Vélez, el 27 de septiembre del 2018, en la finca El Paraíso, zona rural de Amagá (Antioquia).
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los procesados conformaron la organización criminal para perpetrar el plagio.
El mismo día de los hechos, la víctima fue trasladada en su vehículo hasta Chocó, donde fue entregada a un frente guerrillero del Eln, a cambio de una millonaria suma de dinero. El carro lo lanzaron al río Atrato.
La Fiscalía estableció que un integrante se contactó con miembros del Eln para venderles a la víctima. Los investigadores determinaron también que 10 días antes del secuestro de la comerciante, ‘Los Hechiceros’ retuvieron a otra mujer en Bolombolo (Antioquia), quien logró saltar del vehículo donde la llevaban cautiva.
Los integrantes utilizaban palabras relacionadas con temas de hechicería para no despertar sospechas: conjuros, para referirse a los secuestros; o brebajes, para informar que ya tenía listas las sustancias para adormecer a sus víctimas.
Luego de las capturas y tras avalar la aceptación de cargos, el Juzgado Cuarto Especializado de Antioquia sentenció a 31 años y 6 meses de prisión a Yimis Antonio, alias el ‘Negro’, y a Julián, alias ‘Pájaro’, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, secuestro simple, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y hurto calificado y agravado.
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Con la misma decisión también fue afectado José Daniel, condenado a 32 años de prisión y a quien se le adicionó el punible de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
De los policías
Ahora sí, la historia de los tres policías señalados de dos delitos. Contó el ente acusador que a los días siguientes del secuestro de la comerciante, el ‘Negro’, ‘Pájaro’ y José Daniel se trasladaron hacia el Chocó para recoger la promesa remuneratoria que les ofrecieron por el plagio.
En el sector del Lago Calima se reunieron con alias ‘Diego’, del Eln, quien les expresó que no tenía todo el dinero, solo $ 50 millones, y que quedaba pendiente el 40 % de lo que la familia de la mujer pagara por el rescate o, $ 300 millones. La plata se las dieron el 7 de octubre del 2018 en la Terminal de Cali: $ 2 millones para un alias ‘Libardo’, $ 12 millones para un alias ‘Dídier’ (no estaba ahí) y de a $ 12 millones para el ‘Negro’, ‘Pájaro’ y José Daniel.
“Cogieron rumbo a Medellín. Estos tres últimos tomaron un Expreso Trejos. Al pasar por el Kilómetro 41 (Manizales) fueron abordados por un puesto de control de la Policía de Tránsito, en el que estaban los tres uniformados hoy procesados. Andrés se dirigió a la parte de atrás, donde iban ‘Pájaro’ y José Daniel, les pidió la cédula y detectó el dinero que llevaban oculto en la pretina, los bajó del bus y luego los agredió verbal y físicamente, al tiempo que les preguntó qué de dónde sacaron la plata, ‘so pena’ de llevarlos a la Sijín”.
La Fiscalía añadió que le pidieron al conductor que siguiera su rumbo, quien evidenció que dos de los que descendieron del carro tenían sangre en sus rostros y pedían auxilio.
“Los uniformados insistían en saber el origen del dinero y los detenidos les indicaron que era producto del narcotráfico, pero no les creyeron. Luego reconocieron que salió de un secuestro. Temieron por sus vidas, pues los llevaron a un lugar despoblado y además uno de los uniformados portaba un revólver diferente al de dotación. Negociaron, los servidores públicos se quedaron con $ 15 millones y se los repartieron dentro del vehículo oficial. Pidieron el número de uno de los tres implicados para que en un futuro les avisaran y los dejaran pasar sin problemas”.
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A los secuestradores los llevaron hasta el peaje de San Bernardo del Viento y allí los despacharon, en un tractocamión, rumbo a la capital antioqueña. Tras conversaciones interceptadas por las autoridades, entre el 7 y 11 de octubre del 2018, se dieron cuenta de lo sufrido por los secuestradores y se estableció qué funcionarios estaban de turno en el Kilómetro 41, el día de los hechos, en la panel de siglas 10-2325, tal y como lo describieron los tres victimarios-víctimas, más el conductor del bus.
“Los tres funcionarios desviaron sus deberes constitucionales y legales como el respeto por la libertad, por la dignidad humana, el debido proceso administrativo y judicial y, por el contrario, usaron vías de hecho para el cargo que tenían, por fuera de sus funciones. Sometieron a los viajeros a tratos crueles e inhumanos para obtener información sobre ese dinero, los golpearon y trasladaron a sitios diferentes de donde se realizaba el procedimiento. Recibieron $ 15 millones, para omitir un acto propio de sus funciones. Debían dejarlos a disposición para que se investigara el origen de ese dinero, si es que sospechaban de su dudosa procedencia. No podían quedarse con él, menos al saber de dónde provenía”, expresó la Fiscalía.
Para el ente acusador, los uniformados atentaron ostensiblemente contra la ética en la administración pública, la moralidad y la autonomía personal. Por eso los acusaron. El juicio arrancó la semana pasada. Sin embargo, fue aplazado, pues se presentó un recurso de queja, que pasará al Tribunal Superior de Manizales, por la práctica de una prueba grafológica. No se sabe cuánto tarden allí en definir.
Diana María Toro recobró la libertad el 25 de diciembre del 2019. A la derecha el carro en que se la llevaron. Exigieron $ 3 mil millones por su liberación.
Los policías están libres por vencimiento de términos. Este proceso no quiere decir que sean culpables, será un juez de la República quien determine si hay o no responsabilidades.
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