Después de varias auditorias del ente de control a algunas entidades del Distrito, se encontró que en la Secretaría de Movilidad hay un detrimento de 5.106 millones de pesos, lo que representa un 55 % del total de los recursos. Este hallazgo se dio por la falta de trabajo de cobro de 11.025 infracciones de tránsito (impuestas entre 2016 y 2021), que prescribieron ante la ausencia de una efectiva gestión.
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En cuanto a Transmilenio, la Contraloría encontró detrimentos fiscales por más de 1.787 millones de pesos, recursos que debían ser destinados a la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte, que en realidad fueron invertidos para bonos económicos y anchetas para los policías que cuidan las diferentes estaciones.
“No corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema”, señalaron desde el ente de control.
Por otra parte, en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) también se encontró un detrimento por 2.335 millones de pesos, los cuales están relacionados con incumplimientos del consultor en calidad de estudios y diseños, por las prórrogas en las etapas preliminares del contrato de obra de la Avenida Guayacanes, en Bogotá.
“Haber presupuestado estampillas distritales, [contribuciones parafiscales con destinación específica] y la no realización de deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato de la extensión de la troncal Caracas en su tramo uno”, señaló la Contraloría.
Todos estos hallazgos fiscales en el Sector Movilidad fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para que se adelanten las indagaciones del caso y se logre el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Distrito
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