La aparición de una niña de cinco años en una tarima de la Plaza de Bolívar, durante las movilizaciones del 14 de octubre, provocó una solicitud de investigación contra María Fernanda Carrascal.
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Se trata de una queja que presentó la periodista Sofía Casas ante la Procuraduría para que se examine la posible responsabilidad disciplinaria de la representante a la Cámara María por lo ocurrido durante la intervención de la menor.
Dicha petición busca establecer si la congresista tuvo alguna participación en las expresiones pronunciadas por la niña frente a los asistentes. Para ello, Casas solicitó que se revise el material audiovisual completo y se determine si alguien le indicó a la menor qué debía decir.
El documento también plantea que, si corresponde, el caso sea remitido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de evaluar posibles afectaciones a los derechos de la niña. La queja cita las garantías especiales que establece la legislación colombiana para la protección de niños, niñas y adolescentes.
La solicitud no constituye una decisión sobre la responsabilidad de Carrascal. El propósito es que las autoridades competentes determinen si existen motivos para iniciar actuaciones y establezcan las circunstancias en las que ocurrió el episodio.
Como la representante Mafe Carrascal parece confundir su cuenta con una propiedad privada y cree que puede bloquear arbitrariamente a los ciudadanos que la cuestionan, (COSA QUE NO PUEDE HACER) agradezco le hagan llegar este mensaje: ejercer un cargo público no la exime de rendir cuentas.
Una niña no es un instrumento de propaganda política ni una tarima es el lugar para exponerla y celebrar expresiones inapropiadas. ¿Dónde quedó la obligación de los adultos de protegerla? El @ICBFColombia debe pronunciarse y exigir respuestas. Los derechos de los niños están por encima de cualquier politiquero o partido.
Abusiva e irrespetuosa, como siempre. No cambia.
— Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) October 15, 2026
Sandra Forero también pidió que se examine el caso
La controversia llegó también al Concejo de Bogotá. La concejal Sandra Forero anunció que envió comunicaciones a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y al ICBF para que revisen la conducta de la congresista y las circunstancias en las que la menor participó en el acto público.
Forero cuestionó que la niña hubiera quedado expuesta ante los asistentes y ante las personas que posteriormente vieron las imágenes en redes sociales. Su petición se suma a los cuestionamientos que surgieron después de la difusión del video.
Las solicitudes buscan que las entidades correspondientes examinen el episodio desde sus respectivas competencias. Por un lado, está la posible responsabilidad disciplinaria de la representante; por otro, la evaluación de las garantías de protección de la menor.
Qué respondió Mafe Carrascal a los cuestionamientos
La representante del Pacto Histórico rechazó que hubiera inducido a la niña a pronunciar expresiones ofensivas contra el presidente Abelardo de la Espriella. En sus mensajes públicos, aseguró que no conocía a la menor antes de la movilización y que le entregó el micrófono después de que ella lo solicitó, con autorización de sus padres.
«Jamás la incité a decir ninguna grosería, fue una ocurrencia de la niña», afirmó Carrascal al responder a las críticas. También sostuvo que los videos que circularon en redes fueron editados para dar a entender que ella le había indicado a la niña qué decir.
La congresista explicó que, después de la primera expresión de la menor, sí le dijo «Palestina libre», debido a que la niña llevaba una bandera palestina. Además, defendió el derecho de los menores a expresarse y cuestionó que se difundieran imágenes que permitieran identificar a la niña y a su familia.
Así, el caso tiene dos posiciones enfrentadas: quienes piden que se establezca si hubo una posible instrumentalización de la menor y la versión de Carrascal, quien niega haberla inducido a pronunciar esas palabras. La determinación sobre una eventual responsabilidad corresponde a las autoridades que examinen las solicitudes.
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