El ente acusador le pidió a la Corte Suprema de Justicia que adelante el proceso por posible direccionamiento de contratos, pues el congresista cuenta con su condición de aforado.
El fiscal adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública considera que Petro sabía sobre las irregularidades del proceso de contratación, que incluyeron entregar el contrato de manera directa a una empresa que no cumplía los requisitos, sin un proceso de selección y con sobrecostos que le generaron un detrimento patrimonial a la ciudad.
“Se infiere razonablemente el probable conocimiento y participación en los mismos, del hoy aforado senador de la República Gustavo Petro Urrego, en su calidad de alcalde mayor de Bogotá para el momento en que tuvieron ocurrencia los hechos sancionados”, justifica la solicitud.
Además, según Noticias Uno, uno de los argumentos es un video en el que se ve a Petro presentando las motos antes de que se iniciara el proceso de selección de la empresa, y que para la Corte “sin duda constituyó una clara escogencia anticipada en favor de un producto en exclusiva y de una determinada marca comercial”.
Cabe recordar que hace unos días un juez condenó a 10 años de prisión a dos exfuncionarios del Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad que suscribió el contrato.
En 2015, Petro rindió un interrogatorio ante la Fiscalía en el que dijo no acordarse del video en el que se refiere a las motos, y afirmó que en el contrato no hubo nada irregular y que jamás dio instrucciones a sus subalternos para que favorecieran a alguien en particular.
Sin embargo, el testimonio de uno de los condenados habría dado a entender que Petro envió a los contratistas a su entidad, según otro aparte del documento citado por el informativo:
“Al parecer estas personas fueron a buscar al alcalde Mayor para hacer sus ofrecimientos y de allí fueron remitidos al gerente general encargado del Fondo de Vigilancia”.
En la investigación, recuerda RCN Radio, la Fiscalía probó un detrimento por 1.200 millones de pesos porque cada moto fue adquirida por un valor de 43 millones de pesos, un costo superior al precio que tenían en el mercado.
Además, “terminaron arrumadas porque no tenían respaldo técnico y el Distrito ha estado intentando venderlas como chatarra”, puntualizó Noticias Uno, mientras que Radio Nacional añadió que se entregaron a la Policía de Kennedy pero no las pudieron usar porque “tenían varias fallas”.
Ahora, será el alto tribunal el que decida si abre o no la investigación al exalcalde de Bogotá.
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