Todo empezó cuando María Claudia Daza utilizó la oficina del senador Álvaro Uribe en el Congreso para enviar siete de las 400 invitaciones a la boda de su hija, explicó la revista.

La situación “la detectaron” algunos petristas que, de acuerdo con la publicación, procedieron a interponer una denuncia por “uso de bienes públicos para efectos privados”.

Ante eso, dice el medio, Daza “reconoció el error” y pidió que le pasaran el costo de ese gasto “para evitar detrimento al patrimonio público”.

El envío de cada una de las invitaciones costaba 1.700 pesos. El total ascendió a 11.900 pesos, que [la mano derecha de Uribe] reembolsó debidamente”, y de esa forma se solucionó el inconveniente, puntualizó Semana.